El pasado primero de noviembre Alberto Martínez Sosa cumplió 12 años tras las rejas acusado de la privación ilegal de la libertad de dos militares en el municipio de Luvianos.
Durante todo este tiempo ha reclamado su inocencia e impugnado el resultado que derivó de la averiguación previa iniciada contra él, de número PGR/MEX/TEJ-II/189/2007.
Incluso solicitó un indulto al entonces Presidente Enrique Peña Nieto. Su expediente, dice, contiene distintas irregularidades, una de ellas es la siguiente:
Cuando fue detenido el primero de noviembre de 2007 fue asegurado con base en la averiguación previa PGR/MEX/TEJ-II/189/2007.
Sin embargo, Martínez Sosa ya había comparecido ante el Ministerio Público federal, al tener conocimiento de esa averiguación, por el cual el posterior auto de formal prisión fue dictado de manera ilegal, así como la respectiva detención, indica su defensa legal.
“El Ministerio Público me tuvo por presente en diligencia de veintiséis de octubre de dos mil siete, en donde el mismo me señaló día y hora para rendir su declaración por escrito por cuanto a esos hechos, sin embargo, y contrario a derecho se le retiene en la misma averiguación, siendo esto una violación grave a sus garantías constitucionales”, indica un documento elaborado por su defensa.
Posterior a su detención, Martínez Sosa también fue arraigado.
Según el testimonio de los militares que lo detuvieron en 2007, en una bolsa de su chamarra encontraron un paquete que contenía polvo blanco, acusación que después no se comprobó.
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