El Estado de México se ubica en el lugar 29 en el Índice de Estado de Derecho en México (2022-2023), elaborado por World Justice Project. Su calificación es de 0.36 en una escala de 0 a 1, lo cual equivale a estar reprobado.
De acuerdo con una definición básica, el Estado de Derecho se presenta cuando el gobierno hace cumplir las leyes y los ciudadanos las cumplen, con el fin de generar un entorno donde prive la legalidad y el respeto a los distintos derechos humanos.
El citado Índice mide desde una perspectiva ciudadana las distintas características que generan un Estado de Derecho, como son los límites al poder gubernamental, la ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. La metodología utilizada por World Justice Project se considera la más completa a nivel mundial en este rubro.
En el caso del Estado de México, la última revisión confirmó que la entidad sigue en los últimos lugares respecto a las características que confirman la existencia de un Estado de Derecho.
En la medición de 2018 la entidad se ubicó en la posición 30 de 32 estados del país, mientras en los Índices de 2019-2020 y 2020-2021 quedó en el lugar 27. En la revisión de 2021-2022 ocupó el lugar 29.
Y en el Índice de 2022-2023 volvió a quedar en la posición 29, sin embargo, respecto al puntaje de 0.36 está empatado con los estados que quedaron en los últimos lugares, los cuales son Quintana Roo, Ciudad de México, Guerrero y Morelos.
En la ponderación por rubros específicos, el Estado de México se ubicó en el lugar 29 a nivel nacional en ausencia de corrupción con 0.31, aspecto que representa un rezago desde la medición de 2018.
En orden y seguridad tuvo la peor calificación, pues se ubicó en el último lugar a nivel nacional, con un puntaje de 0.25.
REFORMAS
Ante esta situación, el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México (CCEM) advirtió que ante los bajos niveles que registró la entidad en el Índice de Estado de Derecho en México (2022-2023), donde destaca por el factor de corrupción, se requiere fortalecer la comunicación con el Poder Legislativo para garantizar el cambio de políticas públicas que implique una reforma estructural.
La presidenta del CCEM, Laura González Hernández, indicó que la aprobación de reformas y nuevas leyes permitirá darle un mejor perfil a la actividad económica del Estado de México.
“La Legislatura local requerirá de un trabajo decidido para alinear los objetivos del nuevo gobierno a políticas públicas de trascendencia, que a su vez aseguren mejoras en el Estado de Derecho de nuestra entidad”, señaló la representante empresarial.
Comentó que tras las reuniones con los legisladores locales, Valentín González y Román Cortés, miembros de la Comisión Especial de Seguimiento a la Recuperación Económica, para plantear la agenda económica del CCEM; se percibe que las diversas fuerzas políticas han comprendido la urgencia de mejorar los indicadores económicos y entender la problemática que viven los empresarios y la ciudadanía.
“De esto depende la estabilidad de la entidad, estos temas no se pueden postergar dado el impacto social que representa el empleo y el ingreso de las familias”, apuntó González Hernández.
La agenda económica del CCEM contempla reformas al Tribunal de Justicia Administrativa del estado, la simplificación administrativa y mejora regulatoria, destinar presupuestos para la rehabilitación de vialidades, inclusión de empresas locales en compras y licitaciones estatales, la reingeniería de las Secretarías del Campo y Desarrollo Económico, y la revisión de impuestos estatales, entre otros temas.
El 15 de septiembre, el Estado de México registrará un cambio histórico en el Poder Ejecutivo, con la llegada de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.
Foto tomada de: https://www.gaceta.unam.mx/urge-robustecer-el-estado-de-derecho/
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