– ¡Ya vámonos porque me quieren matar!, grita Ángelo Emmanuel Martínez Medina cuando sube al taxi Nissan Tsuru con placas de circulación 9728JEB.
El joven de 21 años hace unos minutos pidió ayuda al personal de seguridad del bar “Bora Bora”, ubicado en el centro histórico del municipio de Metepec.
– Corre mi hermano, yo no soy Superman, escucha el estudiante del séptimo semestre de Arquitectura.
Ángelo corre. No sabe que al día siguiente su familia comenzará su propia carrera contra la justicia mexicana, donde las víctimas que sobreviven deben caminar entre pruebas ignoradas, testigos desaparecidos y asesinos liberados. “Un giro radical que a nadie se le desea”, indicarán meses después los padres del joven.
En la oscuridad el universitario pisa las banquetas de avenida Estado de México, dobla en la esquina de Jesús Archundía, unos segundos después regresa. Es cuando aborda el taxi. Ahí dos sujetos lo alcanzan, otro se acerca; llega una camioneta Chevrolet Pick Up Silverado, color arena metálico, que también lo persigue.
Las calles están solitarias. Del bar permanecen las luces de neón, son la única iluminación junto con los faros del Nissan estacionado junto a la banqueta y la Chevrolet que maniobra en distintas direcciones.
En las cámaras del C4 quedan grabados cuatro fogonazos hacia el interior del taxi. Salen de una pistola escuadra nueve milímetros Springfield, pavoneada en color negro y cachas de madera ahumada.
Son las 01:11 horas del 31 de diciembre de 2014.
En el interior de la patrulla S336 de la Policía de Metepec, los oficiales Alberto García y Epifanio Ávila reciben el aviso, llegan cuando la camioneta Pick Up huye por Jesús Archundía.
El chofer del taxi, José Reyes Martínez, ha sido el único testigo.
Apenas a principios de diciembre un amigo le presentó al dueño del taxi para trabajarlo, hoy piensa terminar su jornada a las tres de la mañana. Ve la persecución en la avenida Estado de México; incluso la camioneta Chevrolet le da un rozón en el costado derecho al Nissan que conduce.
José baja para reclamar, está de pie junto a la unidad cuando Ángelo llega nuevamente corriendo. El taxista no reaccionará en los siguientes segundos de los disparos. Al ver la patrulla S336 le hace señas para que sigan a la camioneta Chevrolet abordada por los tres sujetos.
A las 15:30 horas del 23 de febrero de 2015, José declarará ante la Fiscalía Especializada de Homicidios que por la impresión no vio bien a los agresores. Durante el juicio oral desaparecerá, será imposible localizarlo.
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En el Estado de México la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) revela que es fácil portar un arma cuando se comete un delito. Con cifras de 2015, la entidad mexiquense ocupaba el primer lugar a nivel nacional con el 67.6 por ciento de ilícitos donde fue utilizada un arma de distinto tipo.
A las 01:40 horas de aquel 31 de diciembre de 2014, el oficial Epifanio Ávila detiene a Vicente Fierro, lo identifica como una de las cuatro personas que tripulaban la camioneta Chevrolet Silverado, unidad abandonada después de una persecución por las calles Jesús Archundía, 16 de Septiembre, y Juan Aldama, donde topan con un camino de terracería y cultivos de maíz.
La detención ocurre en la avenida Tecnológico tras un intento de fuga a pie. El policía Epifanio le pregunta a Vicente por qué corría.
“Dijo que por temor a lo que había hecho, es decir, ‘porque le había dado de balazos a un sujeto porque se había pasado’”, indicará momentos después el también jefe de sector de la policía municipal ante el agente del Ministerio Público. El otro detenido es Rodrigo Corbal, quien confirma las palabras de Vicente.
Tales confesiones no serán consideradas como pruebas en el juicio oral. Por Ley los elementos policíacos están impedidos para recibir declaraciones de los imputados o detenidos.
Todo inicia en el bar “La República”. Ahí llegan Ángelo y tres amigos más después de una tarde de frontón que tornó en festejo nocturno. Una riña con Rodrigo Corbal sale de control y provoca la persecución que termina con la vida del joven de 21 años.
La familia de Ángelo conocerá en las próximas horas la detención de los implicados, casi en flagrancia, sin embargo, están en una tierra donde la justicia tendrá distintos rostros.
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El Índice Global de Impunidad México 2016 (IGI-MEX), elaborado por la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP) y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de la misma entidad, advierte que el Estado de México presenta un alto grado de impunidad (76.48%), arriba da la media nacional. Variable que resulta del análisis de carpetas de investigación iniciadas y número de sentenciados en primera instancia.
Asimismo, la entidad mexiquense registra un 19.9 por ciento de encarcelamientos respecto de las carpetas de investigación iniciadas por homicidio, debajo de la media nacional del 27.5 por ciento.
El padre de Ángelo es Miguel Ángel Martínez. Junto con su familia será una víctima más de ese bajo porcentaje.
Lo conozco una mañana de septiembre de 2015, al restaurante de Metepec llega acompañado de dos familiares y un expediente judicial que crece, aunque la sentencia no llega. Han pasado meses de ir y venir en los angostos pasillos de la justicia.
David Villegas, primo de Ángelo, comenta la primera contradicción. El video del C4 de la policía municipal no fui incluido en el juicio.
“El Ministerio Público tuvo que hacer un oficio pidiendo esos videos a Seguridad Pública, pero dicen que no existe ese oficio”, explica.
Enumeran más irregularidades. La camioneta Chevrolet Silverado fue liberada sin causa justificada, el delito fue tipificado de homicidio calificado a simple, no se investiga a las otras dos personas involucradas, la declaración inicial de los detenidos fue impugnada por no haber contado con sendos defensores de oficio. Pero lo más grave, insisten, el juez a cargo literalmente juzga a ciegas, sin el video del C4.
“Todo está bien corrompido”, le advierte a Don Miguel Ángel un comandante de la Fiscalía Especializada de Homicidios. Palabras que confirma en esos días perdidos.
“En el Ministerio Público me decían ven mañana, de ahí a ocho días”. Espera interminable frente a la burocracia ministerial.
“Después llegaba me quedaba sentado, y después de un rato me decían: ¿a quién busca?, al licenciado Octavio Mendoza Chávez, y me respondían que ya se había ido”, narra el padre de Ángelo.
No sabe de leyes, ni derecho penal. Desde los 21 años es vendedor ambulante de accesorios automotrices en estados como Guerrero y Coahuila, sabe de las temporadas donde la venta es mejor. Estudió hasta el segundo de secundaria, desde los ocho años trabaja, primero como lava coches, después en una panadería y también en una tienda de juguetes.
Siempre con documentos ministeriales bajo el brazo, pantalón de mezclilla, tenis, playera, y boca seca de tanto hablar, Don Miguel Ángel camina para seguir siendo víctima. Ahora del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.
El juez oral, Ernesto Montoya Garduño, dicta una sentencia de 55 años de prisión a los dos jóvenes detenidos la madrugada del 31 de diciembre de 2014. Es el primero de marzo de 2016.
20 días después Miguel Ángel está en la segunda sala colegiada penal del Poder Judicial del Estado de México. En el edificio de estilo jónico y corinto del siglo 19 escuchará las palabras que confirman la ceguera de la justicia.
“No existe certeza de que los acusados hayan sido la personas que privaron de la vida al pasivo”, concluye la magistrada María de la Luz Quiroz Carbajal, respaldada por sus colegas Gloria Acevedo y Vicente Guadarrama.
“Por eso estamos como estamos”, contesta el padre de Ángelo. “No hay lugar a su comentario”, le reviran. Los sentenciados apelaron la condena y en las próximas horas abandonarán la celda del penal estatal de Almoloya de Juárez. Es el 21 de abril de 2016.
La búsqueda
El segundo informe de labores (2016) del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad mexiquense, Javier Medina Peñaloza, indica en su agenda estadística que durante ese ejercicio fueron radicados 5 mil 205 asuntos de tipo penal en las salas colegiadas. De esa cantidad, el 33 por ciento (mil 722) fueron modificados o revocados respecto del fallo del juez de primera instancia.
Esto significa que tres de cada 10 sentencias impugnadas pueden ser modificadas o revocadas por magistrados del Poder Judicial.
En el caso de Ángelo bastó una veintena de días para dar un viraje de 180 grados en la investigación realizada. Don Miguel Ángel y su familia conocerán a la justicia, aquella, que dicen, no mira a las personas, sino a los hechos… pero con una venda en los ojos.
Es la justicia en un clima adverso. Los datos de la ENVIPE, en su edición de 2016, revelan que más del 90 por ciento de la población mexiquense se siente insegura.
La desconfianza también permea hacia las autoridades ministeriales y judiciales. La cifra negra de delitos (que incluye a los no denunciados e ilícitos denunciados que no tuvieron inicio de averiguación previa) ascendió en 2016 a 95.4 por ciento, lo cual equivale al segundo lugar a nivel nacional.
El caso de Ángelo supera esas estadísticas, pues se había logrado una sentencia condenatoria y el propio sistema de justicia liberó a los sentenciados.
“Fue corrupción, está claro”, dice el padre de la víctima. En los días siguientes Don Miguel Ángel escribirá en las redes sociales: “las deudas no me dejan dormir, ya estoy tocando fondo, mi salud empeora cada día, ya no puedo”.
Una noche vuelvo a encontrarme con Don Miguel Ángel en el mismo restaurante que lo conocí. No deberíamos estar hablando, no debería ocurrir esa cita. Me platica del amparo que presentará, de la solidaridad encontrada, del cansancio que surca su rostro.
Retoma el camino. Promueve el amparo directo 104/2016 ante el cuarto tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito. Expediente que en sus 179 fojas corrige el fallo de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.
“La acreditación del delito y la responsabilidad penal de los sentenciados en su comisión, quedó acreditada a partir de la adminiculación de indicios que se obtuvieron de las pruebas de cargo”, señalan los magistrados del cuarto tribunal colegiado, Darío Contreras, Olimpia Reyes y Humberto Venancio. Es el 8 de diciembre de 2016.
Es otro rostro de la justicia. Para los magistrados del Poder Judicial del Estado de México no había pruebas suficientes para incriminar a los dos jóvenes detenidos la madrugada del 31 de diciembre de 2014.
“En razón de que el órgano de acusación (el Ministerio Público) estuvo en aptitud de ofrecer diversas probanzas, sin embargo, no cumplió con su deber de aportarlas”. Entre dichas pruebas no presentadas destacó el testimonio del taxista, quien sólo declaró ante el Ministerio Público y después desapareció.
El fallo de la justicia federal consuela, pero ha costado. Don Miguel Ángel ya sufrió una parálisis facial y recientemente un pre infarto. No cesan las visitas a la Fiscalía Especializada de Homicidios, ahora lo tratan mejor, no lo ha recibido el Procurador, pero la recaptura de los sentenciados está a cargo de una unidad especial de curioso nombre: (CIA) Coordinación de Investigación y Análisis.
Lo acompaño a una primera reunión con comandantes de la CIA y funcionarios ministeriales.
Admiten la dificultad para localizar a los ahora prófugos, una pista se perdió en Acapulco, aunque siguen el rastro de negocios familiares. Don Miguel Ángel termina proporcionando copias del expediente judicial e indagando más indicios con el empleado de una funeraria, quien hace guardia en el exterior de la Fiscalía Especializada.
“Luego me pasa buenos pitazos”, dice cuando salimos de la reunión con la CIA.
Ahora la persecución se invierte. El 6 de abril de 2017, la Procuraduría General de la República (PGR) emite las fichas rojas para detener a los dos sentenciados liberados, anteriormente ya existía la alerta migratoria y fue solicitada la colaboración de la INTERPOL.
“Gran noticia”, expresa Don Miguel. Gana algo de paz.
En febrero de 2017, al rendir su segundo informe de labores, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de México, Javier Medina, asegura que en coordinación con el Poder Ejecutivo generan “armonía, tranquilidad y paz para los mexiquenses, sin recurrir a la violencia, a la fuerza, sin agresiones, ni cayendo en provocaciones internas o externas, sino siempre respetuosos de la ley”.
Tranquilidad y paz es la diaria apuesta de la familia Martínez Medina, quisieran no haber pisado ninguna oficina ministerial, ni judicial. Ninguna víctima lo desea.
La esperanza
“Con su situación somos muy sensibles”, dice un día de mayo de 2017 el secretario particular del magistrado presidente, Amadeo Lara.
Lo escucha Don Miguel Ángel, quien junto con su esposa está otra vez en ese edificio del siglo 19 de altos portones y festones dorados.
“No quisiera en este momento pronunciarme sobre si siempre aquí con nuestros jueces y magistrados le ha ido mal, entendido por mal que ha sido contrario a su interés de que se sancione a los responsables del homicidio de su hijo”, explica el funcionario judicial, sin embargo, “los que sean responsables tendrán que ser sancionados”.
“La resolución en amparo hacer ver cuál era la decisión correcta que debió tomarse”, reconoce Lara ante los padres de Ángelo.
La recapitulación del funcionario judicial también admite los momentos de remar contra corriente, de vivir un calvario, de sentirse inseguros, de aguantar fallos en contra, de estar solos.
En estos años familiares y amigos les han sugerido ya dejar de insistir, de pelear por la justicia, de cuidar su salud, su economía.
“Me he dado cuenta que cuando uno es padre, la responsabilidad no se acaba cuando muere un hijo”, confía Don Miguel Ángel una mañana. Estamos en el comedor de su casa, ubicada en el fondo de un callejón de San Miguel Totohuitlapilco.
“¿Dónde está el amor?”, se lee en una de las paredes descarapeladas del comedor que hoy está llenó de pelotas y juguetes que serán repartidos en el kiosco del pueblo.
El padre de Ángelo ha encontrado consuelo en la organización vecinal para hacer acciones comunitarias. Hasta en la campaña de gobernador participa, claro, del lado de la esperanza.
Vive su propia lucha. Después del delito, de ser una víctima del sistema de justicia, trata de recuperarse, vivir una vida normal, un fin de semana sale con su familia al balneario de Ixtapan de la Sal. Van hermanos, tíos, abuelos. Es un día feliz.
Pero no desiste. Junto a una de las fuentes de la plaza cívica de Toluca, familiares y amigos de Ángelo vuelven a exigir justicia. Son unas 20 personas, las mantas son rudimentarias, el sol cae a plomo.
Ahí está Paulette, hija de Don Miguel Ángel, estos años le han servido para titularse como abogada, hoy estudia una maestría en derecho penal, ha aprendido sobre el expediente de su hermano, ha litigado desde el dolor de la víctima.
“Cuando comencé a estudiar pensé que en verdad existía la justicia, si se aplicara la Ley sería distinto”, dice la joven de 22 años, “muchas personas están defraudadas de las instituciones”. A unos metros su padre insiste en cultivar la justicia.
