La revocación de mandato presidencial es un mecanismo de democracia directa que permite a la ciudadanía remover a un presidente antes del fin de su periodo, si consideran que ha perdido legitimidad política. En el derecho comparado se usa para fortalecer la participación y el control ciudadano o incluso para enfrentar la “crisis de representación” y dotar a la ciudadanía de herramientas para supervisar a sus gobernantes. Venezuela, Bolivia, Ecuador y México lo han incorporado para mantener la responsabilidad y rendición de cuentas de mandatarios electos.
También, de acuerdo con los juristas del derecho constitucional, la revocación de mandato tiene como uno de sus objetivos empoderar a la ciudadanía, ya que se concibe como un instrumento para ampliar la participación democrática y permitir que los votantes retiren del cargo a un gobernante sin esperar al siguiente ciclo electoral. En el peor de los casos, este instrumento podría resolver impasses políticos o crisis de gobernabilidad. Es decir, la revocación podría ser la solución para generar una salida pacífica de gobernantes con muy bajos índices de aprobación o con serios problemas de gobernabilidad y de confianza frente a la ciudadanía.
Sin embargo, aunque la revocación tiene, teóricamente, muchas bondades, también puede ser objeto de uso político estratégico si actores con poder la influencian o si el diseño institucional incentiva su manipulación.
En el caso de la propuesta de reforma constitucional conocida como el plan B, donde se plantea que en las elecciones federales de 2027 se empaten la revocación de mandato para la presidenta Claudia Sheinbaum, no está asociada a ninguna de estas razones, es decir, pérdida de legitimidad, empoderamiento ciudadano o crisis de gobernabilidad.
La oposición, integrada por el PAN, PRI y MC ha planteado que la iniciativa centraliza poder y altera el federalismo porque favorece indebidamente al Ejecutivo. También argumentan que permitiría que la presidenta haga campaña durante la revocación. Es decir, aparentemente la simultaneidad permitiría a la mandataria promover su imagen y llamar al voto a favor de su partido durante el proceso de 2027. Además, contrario a lo que menciona el discurso oficial, dice la oposición, este ejercicio no genera los ahorros, sino que más bien es un dispendio.
El PT, aunque es aliado de Morena, ha mostrado resistencia en el Senado argumentando que resulta problemático que la revocación presidencial coincida con la elección federal porque temen que su votación disminuya si la presidenta Claudia Sheinbaum aparece en la boleta, por lo que han propuesto que este ejercicio se realice hasta agosto de 2027, es decir, después de más de un mes de los comicios federales.
Sin descalificar los argumentos de la oposición y de los propios aliados de Morena, hay elementos para afirmar que el propósito central de empatar la elección federal de 2027 con la revocación de mandato es reforzar el modelo comunicación política del morenismo que inauguró el ex presidente Andrés Manuel López Obrador y que consiste establecer una línea discursiva muy nítida entre “ellos y nosotros”, en mantener activos a los simpatizantes del gobierno en la defensa de los logros de la 4T y recalcar la idea de que una eventual derrota implicaría un retroceso o la cancelación de los programas sociales.
Queda claro que lo mismo pueden decir las candidatas y candidatos a las gubernaturas, a las diputaciones federales y locales y más aún, las abanderadas y abanderados a las presidencias municipales. Pero no tiene el mismo efecto si se dice desde la máxima tribuna del gobierno. Cabe señalar que este modelo de comunicación política, paradójicamente, aunque empodera al morenismo como marca partidista, termina debilitando su estructura porque liga su éxito electoral a las acciones de la presidencia y no a un óptimo trabajo de los representantes populares, incluidos los gobernadores.
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