El 22 de marzo del presente año, en Zaragoza, Tapachula, Chiapas, la fuerza de un helicóptero Black-Hawk desprendió techos de lámina de los hogares al momento de aterrizar.
El piloto, Óscar Aparicio Avendaño, secretario de Seguridad del Pueblo de Chiapas y jefe de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), que junto a su comitiva aterrizó en la localidad, violando las normas de aviación civil y protocolos de seguridad.
¿Un incidente involuntario o reflejo de una contradicción?
Por un lado: la localidad con techos de lámina sobrepuestos, que ejemplifica la condición de la mayoría de las comunidades en el estado, en específico en Tapachula donde el 58.8% de la población se encuentra en situación de pobreza.
A pesar de que el secretario reiteró ahí les vamos a pagar las láminas, y posteriormente se entregaron 90 láminas a la población y afectados, el hecho refleja una contradicción profunda, en un estado donde la brecha de desigualdad es cruda, hiriente y violenta, y las “soluciones” superficiales.
Por otro lado, primero el helicóptero, considerado pieza clave de la estrategia de seguridad estatal con capacidad para dos artilleros y blindaje reforzado, con un costo superior a los 20 millones de dólares.
El anuncio de su compra se hizo en el mes de junio del año pasado desde Zacatecas y se presentó en Chiapas un mes después en la Zona Naval XXII, con lo que el estado se convirtió en la cuarta entidad, junto a Jalisco, Nuevo León y Zacatecas, en operar un helicóptero militar para tareas de seguridad pública y traslado de funcionarios, utilizado recientemente contra campesinos y luchadores sociales en Ocosingo.
Segundo, Óscar Alberto Aparicio Avedaño, capitán aviador con un historial interesante: de 2007 a 2009 fue policía ministerial de la PGJ de Chihuahua, después miembro de la Policía Federal como segundo comandante de compañía y director de seguridad pública en Apatzingán, Michoacán.
Su último cargo, antes de regresar a su estado natal, fue el de subsecretario de la SSP de Zacatecas, donde fue parte de la creación del grupo de élite Fuerzas de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ). Corporación señalada de diversos abusos, actos de corrupción y extralimitación de funciones, así como diversas denuncias por abuso de autoridad, detenciones arbitrarias y agresiones a civiles, incluida una queja de oficio de la CDHE de la entidad.
A finales del 2024, el mismo día que se desplegaron en Chiapas elementos y vehículos de las FRIZ, fue nombrado secretario de la SSP y se crearon las FRIP, conformadas por 500 elementos con experiencia en operaciones especiales, integradas por exmilitares e integrantes de la Guardia Nacional, la extinta Policía Federal y la Secretaría Armada de México, que participaron en operativos de alto impacto en Michoacán, Tamaulipas, Jalisco y Zacatecas.
Fuerzas estatales señaladas por diversas organizaciones civiles y sociales de detenciones arbitrarias, torturas y uso excesivo de la fuerza, y recibir pagos de 100 mil pesos en sobornos del CJNG.
Y tercero, su declaración patrimonial de 2024 que incluye una colección de vehículos de lujo y clásicos que obtuvo a un precio 90% inferior de su precio comercial; 10 bienes inmuebles que incluyen seis terrenos, un rancho, dos casas y un local comercial; una colección de joyas con un valor de un millón 158 mil pesos. Lo que llamó la atención por haber gastado en el 2023 el equivalente al 97% de sus ingresos ese mismo año en joyas y vehículos.
¿Un hecho aislado o una realidad marcada por la forma de vida de funcionarios públicos, violaciones a DH y la precarización de la población? En síntesis, la desigualdad y violencia se mantienen, normalizadas día a día.
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