Este miércoles 11 de marzo, la Cámara de Diputados rechazó el proyecto de Reforma Electoral que envió la presidenta Claudia Sheinbaum. La votación fue 259 a favor, 234 en contra y una abstención. Ante este resultado, el dictamen fue desechado, de acuerdo con lo que establece el procedimiento legislativo, ya que no obtuvo la mayoría calificada.
Más allá de discutir si el contenido de la propuesta presidencial era progresista o regresivo -ese debate ya se agotó- el tema a resaltar es que los partidos aliados de Morena, el PT y el Verde, votaron en contra, lo cual generó el señalamiento de que traicionaron al autodenominado movimiento por la transformación.
Al respecto, es preciso puntualizar que este suceso no tuvo como objetivo central que Morena se distanciara o rompiera con sus aliados. Si bien tiene la mayoría legislativa suficiente para hacer cambios legislativos en leyes reglamentarias, sigue necesitando al PT y al Verde para consolidar una eventual agenda parlamentaria que requiere mayoría calificada. También Morena requiere de estas fuerzas políticas para mantener el control de las comisiones clave, de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política.
En estos espacios, Morena y aliados son mayoría frente al PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, de manera que los votos en conjunto hacen posible que el partido mayoritario pueda controlar la agenda legislativa sin ningún contratiempo.
Ahora bien, las alianzas partidistas en las democracias no son totales (en todos los asuntos), ni permanentes (todo el tiempo) y México no es la excepción. El año próximo viene un proceso electoral muy complejo que supone la elección de 500 diputados federales, 17 gubernaturas y 31 congresos locales, además de que habrá comicios municipales en 30 entidades federativas. Ante este monumental desafío, Morena necesita, además de presumir los logros del gobierno (los que sean), una narrativa poderosa que ponga a la oposición (PRI, PAN y Movimiento Ciudadano) en el lado negativo de la historia.
Puede ser que, en algunos estados del país como Oaxaca, Coahuila, Veracruz o San Luis Potosí, el PT y el Verde sean etiquetados durante las campañas electorales como partidos que no quisieron renunciar a sus privilegios, que en este caso son el alto financiamiento que reciben a través de las prerrogativas que otorga el Instituto Nacional Electoral (INE) y más aún, que los líderes partidistas no aceptaron perder el control de las listas de los legisladores plurinominales.
También podrá decir el morenismo, en sus arengas electorales, que la oposición se negó a aprobar una reforma electoral que el pueblo había solicitado.
A reserva de que esperemos el resultado de la nueva mesa de negociación entre Morena, PT y el Verde, es muy previsible que haya una reconciliación después del affaire del rechazo a la reforma electoral presidencial. Esto es así porque la renovación de la Cámara de Diputados en 2027 no puede quedar en la incertidumbre de una eventual competencia por separado entre Morena y los partidos aliados.
Especialmente porque esta legislatura requiere la aprobación de presupuestos “electorales” y de leyes o cambios constitucionales que afiancen el triunfo del morenismo en los comicios presidenciales de 2030.
En este escenario, se puede aventurar la hipótesis de que Morena impulsó una reforma electoral, aparentemente contraria a los intereses del PT y el Verde para reforzar su narrativa anti “PRIAN”, porque al parecer la promoción de los logros de la actual administración serían insuficientes para conservar la ventaja electoral necesaria para mantener la hegemonía política en el Congreso, en las entidades federativas, en las Legislaturas locales y en la mayoría de los municipios.
En este escenario, una ruptura entre Morena y sus aliados haría inviable la continuidad del gobierno de la Cuarta Transformación.
Por ello, la premisa de calificar de “traidores” al PT y al Verde va a depender de las circunstancias de ciertas elecciones locales, pero no es plausible a nivel nacional y mucho menos en el marco de los comicios federales para renovar las 500 diputaciones federales.
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