El 27 de febrero de 2009 se dictó una sentencia contra Alberto Martínez Sosa por el delito de privación ilegal de la libertad en agravio de dos militares.
Ahí comenzó la cadena impugnativa del vecino de Luvianos, quien afirma ser inocente.
Inconforme con esta sentencia de primer grado, Martínez Sosa interpuso un recurso de apelación ante el Primer Tribunal Unitario del Segundo Circuito, con sede en Toluca.
Sin embargo, el 20 de julio de 2009, dicho Tribunal Unitario confirmó la citada sentencia.
De nueva cuenta Martínez Sosa impugnó y el 5 de octubre de 2009 interpuso un juicio de amparo directo, que estudió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito de Toluca.
Este amparo directo, de número 254/2009, fue resuelto el 28 de enero de 2010, pero los magistrados responsables determinaron no amparar a Martínez Sosa.
Ahí habría terminado la cadena impugnativa del vecino de Luvianos, no obstante, a la fecha continúa litigando su inocencia.
Uno de los recursos que a la fecha continúan vigentes es denunciar a sus propios acusadores, pues el 29 de septiembre de 2010, Martínez Sosa denunció a los militares que lo incriminaron.
“Al considerar que fue incriminado en un delito que no cometió a través de falsear declaraciones ante la autoridad judicial, trayendo como consecuencia que fuera condenado a veinte años de prisión”, indica la defensa de Martínez Sosa.
Y es que las declaraciones de los dos militares fueron las base para condenarlo, aunque en una primera declaración los dos efectivos castrenses no lo identificaron.
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