Alberto Martínez Sosa no es un reo común. Fue sentenciado a 20 años de prisión por el secuestro de dos militares, sin embargo, una prueba que fue omitida durante el juicio podría haber cambiado su destino.
Es el 11 de octubre de 2007.
Militares arriban al rancho ubicado junto al cerro de “La Culebra” en el municipio de Luvianos. La cacería está al rojo vivo en busca de quienes días antes “levantaron” a dos oficiales del Ejército Mexicano.
En el cateo dicen encontrar armas, cartuchos y uniformes militares. También hallan una fotografía del dueño del rancho: Alberto Martínez Sosa, quien mediante un anónimo ha sido denunciado de pertenecer a una célula del crimen organizado.
La fotografía es casi de cuerpo entero. La imagen muestra a una persona de estatura y peso mediano, rostro moreno, cara redonda, nariz gruesa, ceja poblada, ojos pequeños, bigote escaso, frente amplia y cabello corto. Sonríe, atrás hay vegetación. Es Alberto.
Al frente del operativo militar que catea la vivienda está el oficial Gustavo Herrera Terrones. Fue uno de los oficiales “levantados” el 6 de octubre en plena cabecera municipal de Luvianos. Secuestro de algunas horas donde los militares fueron confundidos con integrantes de un cartel rival. Vestían de civil.
Herrera no identifica a Alberto, aunque la fotografía es parte de los hallazgos del cateo. Será hasta el primero de noviembre de ese año, cuando en una declaración requerida por la PGR señala a Martínez Sosa como uno de sus captores. Para entonces Alberto ya ha sido detenido.
En el cateo del 11 de octubre no lo podía reconocer, ni teniendo la fotografía en sus manos.
Y es que el 7 de octubre de 2007 los dos oficiales “levantados”, Gustavo Herrera Terrones y Luis Enrique Aragón Reyes, declaran que los sicarios iban encapuchados. Imposible dar alguna media filiación.
Todo cambio el primero de noviembre de ese año.
Es cuando recuerdan que uno de sus captores se levantó el pasamontañas, no lo dijeron en su primera confesión por estar en “shock”.
“El que venía de copiloto se levantó el pasamontañas a la altura de la frente quedando su rostro descubierto, procediendo a revisarme a ver si no traía armas, pudiéndolo ver perfectamente de su rostro, el cual me percaté era de tez moreno, cabello, frente y cejas no se alcanzaba a ver por el pasamontañas que llevaba puesto, ojos chicos medio rasgados, nariz pequeña media boluda, boca chica, con bigote escaso y sin barba, mentón redondo”, dijo el oficial Gustavo Herrera Terrones ante el Ministerio Público Federal.
Descripción que coincide con la fotografía de Alberto encontrada el 11 de octubre, pero en aquel momento no lo pudieron reconocer. Después sí lo reconocieron. Así es la memoria militar.
Alberto es detenido el primero de noviembre de 2007 en la carretera de Luvianos a Tejupilco por presuntamente portar 29.8 gramos de cocaína. Iba con su familia en una camioneta Sonora.
En febrero de 2009 es condenado a 20 años de prisión por la privación ilegal de la libertad de los dos oficiales del Ejército. Los otros delitos relacionados con el supuesto hallazgo de armas y droga no fueron comprobados.
Uno a uno ha perdido los recursos para obtener su libertad.
Un recurso de apelación lo perdió el 20 de julio de 2009 en el Primer Tribunal Unitario del Segundo Circuito. El 28 de enero de 2010 perdió un amparo directo en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito.
Tampoco tuvo éxito en un posterior reconocimiento de inocencia. Un indulto solicitado ante la Presidencia de la República fue declarado improcedente, pero sin entrar al fondo del asunto, pues le dijeron que un sentenciado no puede solicitarlo. Sólo lo puede decretar el Presidente o vía solicitud del Congreso federal.
A casi 10 años de su detención Alberto permanece en el penal estatal de Almoloya de Juárez. Vecinos y periodistas de Luvianos lo recuerdan como contratista de obras públicas. Un caído más en aquella guerra contra el narco que lanzó el ex presidente Felipe Calderón.
El abogado Leonardo Gama lleva el caso de Alberto. Hoy promueve un segundo reconocimiento de inocencia por aquella fotografía que fue encontrada en el rancho de Alberto Martínez Sosa. De proceder representaría la libertad del vecino de Luvianos.
Para ello utiliza una resolución del Segundo Tribunal Colegiado Penal, quien ya determinó que no hubo un adecuado estudio de esa prueba, análisis que pudo haber derivado en un resultado distinto. Gama indica que el juez dictó la sentencia sin reparar en la referida contradicción: la fotografía de Alberto encontrada en el cateo pasó desapercibida para los militares, quienes después culparon a Martínez Sosa.
“En todo el primer juicio de Alberto lo que vaciaron del cateo fueron las armas, cartuchos, sólo lo que perjudicaba, pero nunca la fotografía y que la había firmado Terrones, quien se mete a la casa de Alberto.
“Era lógico que si él fue privado de su libertad, en ese momento al ver a Alberto, lo hubiera reconocido, pero fue hasta el primero de noviembre cuando lo reconoce, qué quiere decir: que no fue cierto lo que dijo Terrones”, explica el abogado.
El reconocimiento de inocencia lo basan en un criterio de la Suprema Corte, que advierte su procedencia cuando hay causa de pedir y por hecho notario.
“Con esa prueba se confirma que Alberto no participo en los hechos por los cuales fue sentenciado”.
El reconocimiento de inocencia, que tardaría alrededor de dos meses en resolverse, fue presentado la semana anterior ante el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito.
De manera paralela, Alberto insiste en solicitar una orden de aprehensión contra los militares que declararon en su contra, también basándose en la fotografía encontrada en su rancho durante aquel cateo.
Tal recurso de inconformidad lo analizará el Segundo Tribunal Colegiado Penal, quien ya advirtió la omisión de tal prueba, sin embargo, el juzgado quinto de procesos penales federales insiste en negar la orden de aprehensión al argumentar que el Ministerio Público consignó sin todas las pruebas necesarias.
A su vez la defensa de Alberto reitera el fallo que ya otorgó el Segundo Tribunal Colegiado Penal en el sentido de volver a estudiar el caso con todo el expediente completo.
En agosto de 2015 Alberto solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A la fecha espera una respuesta, una de las muchas que espera en su celda de Almoloya de Juárez. *
