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Diputados de MORENA impiden que se analice un exhorto a AMLO

Omar Ortega lamenta que la bancada mayoritaria impida que la propuesta de exhorto pase a análisis y discusión en comisiones; los panistas también lamentaron la postura de sus pares de MORENA; priistas guardaron silencio pese a que los señalamientos de corrupción contra sus compañeros de partido y ex administradores del país fueron constantes.

Omar Ortega, coordinador de la bancada del PRD y Azucena Cisneros diputada de MORENA.

El voto mayoritario que detenta la fracción parlamentaria de MORENA (37) en el Congreso mexiquense, junto con sus aliados del PT (8) y PES (2), esta vez no fue utilizada para impulsar y/o avalar una modificación legal como la eliminación de privilegios a los ex gobernadores mexiquenses, sino para impedir que la propuesta de un exhorto al presidente de México Andrés Manuel López Obrador, si quiera ingresara a comisiones para su estudio, análisis y en su caso aprobación.

 

El tema era simple: solicitar al presidente hacer lo necesario para que la obra del tren rápido que comunicará a la capital del Estado de México con la Ciudad de México se concluya lo antes posible por tratarse de un proyecto de infraestructura que beneficiará a un amplio sector de la población mexiquense, disminuirá la contaminación, agilizará la movilidad, evitará accidentes en la carretera México-Toluca, entre otros beneficios.

 

 

“Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a no retrasar la puesta en marcha del proyecto tren interurbano México-Toluca, y llevar acabo las acciones necesarias que permitan lograr la terminación del proyecto a la brevedad posible, en beneficios de desarrollo económico, social y sustentable del Estado de México”, precisó José Antonio García García, diputado del PAN al dar lectura a la propuesta durante la sesión del pleno del Congreso integrado por 75 legisladores.

 

Planteamiento que fue rechazado pese al “desliz” de la perredista y secretaria de la Mesa Directiva del Congreso local Araceli Casasola Salazar, pues después de emitirse la votación en contra, tuvo la “puntada” de decir que había sido aceptado, aunque de inmediato se le aproximó el Secretario de Asuntos Parlamentarios, Javier Domínguez, para precisarle que la propuesta no había sido admitida por lo que corrigió.

 

La postura de los legisladores de MORENA que detentan la mayoría en la 60 Legislatura del Estado de México, fue calificada como lamentable por Omar Ortega Álvarez, coordinador de los tres diputados del PRD.

 

El líder del PRD consideró que sus pares de MORENA están actuando de manera equivocada pues impiden la realización de un exhorto (sugerencia) al presidente López Obrador.

 

“Pareciera que nadie puede tocar al presidente”, porque se crispan los ánimos en el Congreso; cualquier comentario es tomado como una “infamia”, un “desdén”, un acto “peyorativo”.

 

Ortega Álvarez concluyó su intervención sosteniendo que “la izquierda se caracteriza por tolerancia”.

 

La intervención del líder de los panistas, Anuar Roberto Azar Figueroa,  esta vez no fue de confrontación directa como en sesiones anteriores, pues entendió que el “choque” verbal directo con un grupo tan numeroso como es MORENA y sus aliados del PT, PES e independientes, no ha sido la vía para convencer por lo que solo se limitó a recordar que era un exhorto, no de obvia y urgente resolución como los que siempre plantean los legisladores morenistas, por lo que pidió solo permitir la entrada de la propuesta para que fuera analizada a comisiones. Narrativa que no tuvo eco.

 

La argumentación de rechazo corrió por cuenta de Azucena Cisneros de MORENA, quien recordó que el sexenio anterior tuvo como sello distintivo la corrupción, por lo que los diputados locales de la “cuarta transformación” locales y federales, estaban a favor de la conclusión del proyecto porque indudablemente traería beneficios a la población pero primero se investigaría y en su caso se castigaría a los autores de los presuntos desvíos de recursos y luego se continuaría con la obra, como lo había prometido López Obrador un día antes, precisó.

 

El proyecto del Tren Interurbano México-Toluca no debe continuar hasta que se concluya la revisión de la obra y se solventen las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación, pues Morena no será cómplice de una “obra huachicoleada”, dijo.

 

“En el reporte más reciente, correspondiente a la Cuenta Pública de 2017, la ASF detectó un probable daño al erario por 770 millones de pesos en los recursos públicos ejercidos mayormente por la SCT, que encabezó Gerardo Ruiz Esparza”, denunció Azucena Cisneros.

 

Y como en la mayoría de las sesiones anteriores, los doce diputados del PRI encabezados por Miguel Sámano Peralta, guardaron silencio, nadie intervino en los posicionamientos sobre el tema.

 

Bernardo Segura del PT precisó que el presidente López Obrador explicó en el informe de sus cien días que la obra será concluida en el presente año, pero solo en el tramo del valle de Toluca, ratificando así que el gobierno federal no dejara la obra inconclusa como si lo hizo el anterior gobierno federal del PRI.

 

Por su parte Gerardo Ulloa y Alicia Mercado Moreno, ambos del partido MORENA, coincidieron en señalar que el retraso de la conclusión de la obra se puede resumir en una palabra: corrupción cometida por los funcionarios de la anterior administración federal, es decir por los priistas, señalamiento

 

De acuerdo con la propuesta de exhorto planteada por los siete panistas, la construcción del tren de pasajeros interurbano Toluca-México, consta de una longitud de 57.7 kilómetros de los cuales 40.7 kilómetros corresponden al Estado de México y 17 a la Ciudad de México.

 

El legislador recordó que el proyecto fue planteado como una obra de infraestructura para una movilidad de pasajeros moderna, integral, ágil, segura, sustentable e incluyente.

 

Añadió que de acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transporte de la anterior administración federal encabezada por el ex presidente Enrique Peña Nieto, entre los beneficios de la obra que debería haberse concluido en 2017 estaban:

 

*Disminución del CO2 de 27,827 ton/año equivalente al oxígeno producido por 225 hectáreas de bosque.

*Reducirá el tiempo de traslado de los habitantes que se trasladan de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca con el poniente de la Ciudad de México y viceversa, la cual se calcula beneficie a 230 mil pasajeros al día.

*Ahorros por tiempos de viaje estimados en 4,400 mdp.

*Disminución en gastos de operación vehicular estimada en 1,800 mdp.

*Disminución de accidentes, se calcula que se podrán evitar aproximadamente 400 accidentes viales al año en la autopista México-Toluca.

 

La argumentación de la bancada panistas añadió el estudio del IMCO donde se precisa:

 

“De acuerdo con el estudio Ineficiencia y riesgos de corrupción en obra pública: Caso de estudio del Tren Interurbano México-Toluca (TIMT)  del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el proyecto ha tenido un sobrecosto de más del 50%, pues en el año 2014 fue presupuestado en 38 mil millones de pesos y para el año 2018 el costo total ascienda a 59 mil millones de pesos”.

 

El reporte añade que de acuerdo con la Auditoria Superior de la Federación (ASF)  respecto de la Auditoría 365-DE: «Tren Interurbano México-Toluca” del tercer informe de fiscalización de la Cuenta Pública 2017, se puede establecer la realización de “pagos indebidos por un importe de 745.4 millones de pesos, donde destacan: 108.4 millones de pesos derivado de la incorrecta integración de tres precios fuera de catálogo y diferencia de volúmenes para los trabajos de excavación, formación de capa de capilaridad y recubrimiento primario y acabado del acero estructural; 25.3 millones de pesos, debido a que no se acreditó el suministro de refacciones; 24 millones por la adquisición de predios fuera del derecho de vía y sin documentación soporte; 193.8 millones de pesos, por autorización de pagos que no se relacionan con el programa de construcción del proyecto.

 

Otra irregularidad detectada está relacionada, según el reporte de la Auditoria federal, con pagos indebidos por 177.8 millones de pesos, porque no se respetaron los costos básicos establecidos en el contrato, en la integración de dos precios unitarios fuera de catálogo referentes a trabajos de excavación de la tuneladora y de preliminares de excavación; 28.7 millones de pesos por diferencia de volúmenes en las cantidades de obra pagada referentes a los trabajos de plantillas de concreto y pilas de cimentación, entre otros más.

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