En 2020 la Encuesta de Cultura Cívica (ENCUCI) reveló que los mexicanos ven a la corrupción como el principal problema público. Hoy para 1 de cada 4 mexicanos, esta sigue siendo uno de los principales problemas del país, al ser un fenómeno recurrente.
Y es que México ocupa la posición 140 a nivel mundial en percepción de la corrupción, con una calificación de 26 puntos de 100, lo que representa su calificación más baja en la historia en el Índice de Percepción de la Corrupción de la organización Transparencia Internacional.
Pero la corrupción no sólo es un problema de percepción, sino que cuesta más de 11 mil 910 millones de pesos al año, según estimaciones basadas en datos del INEGI. Además, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), indica que esto puede significar hasta el 9% del Producto Interno Bruto nacional. En términos coloquiales, cuesta $3,658 anuales por persona y $7,419 a empresas, principalmente en el rubro de cobros y servicios.
Además, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) muestra que los mayores niveles de corrupción se dan durante el contacto con autoridades de seguridad pública (65%), por trámites ante ministerios públicos (24%), permisos relacionados con la propiedad (23%), apertura de empresas (27%) y trámites municipales (18%).
Las estadísticas del país también apuntan a que el 45.2% de personas adultas residentes en áreas urbanas fueron víctimas de corrupción al interactuar con autoridades de seguridad pública durante el primer semestre de 2025. En 2023, al menos 169 mil 769 empresas (3.5% del total) fueron víctimas de actos de corrupción.
En contraste, el mismo INEGI indicó que ese mismo año, solo 14.4 de cada 10 mil personas servidoras públicas fueron sancionadas.
Estos datos aumentan en el Estado de México, en donde 68.24% de la población considera a la autoridad como corrupta.
Causas y consecuencias de la corrupción
Para empezar, las prácticas corruptas están incrustadas y normalizadas en el sistema político mexicano, así como entre la población, así lo señala Víctor Hugo Rodríguez Martínez, especialista en ciudadanía, ética pública y prevención de la corrupción.
Por lo tanto, afirmó que existe un círculo vicioso entre la sociedad, el gobierno y las empresas. Esto significa que la corrupción es un problema de todos, que debe resolverse en cada sector y en conjunto.
Aseveró que los actos corruptos permanecen y son difíciles de erradicar porque quebrantar la ley traen consigo beneficios, privilegios y ganancias tanto para las autoridades coludidas, como para empresarios y gente común.
De acuerdo con el investigador, las acciones corruptas más comunes son la extorsión, es decir, solicitar dinero para agilizar trámites, escapar de multas o simplemente para que las autoridades cumplan con su trabajo; el soborno, o “la mordida”, que es cuando la ciudadanía ofrece dinero para evitar trámites, procesos o para encontrar atajos; e ingresar a cargos de gobierno sin tener capacidades para desarrollar las funciones sólo por participar en un ejercicio partidista, lo que desvirtúa servicio público.
Las consecuencias entonces, se reflejan en cosas cotidianas que van desde el semáforo descompuesto, la presencia constante de baches, la falta de medicamentos o accidentes laborales en obras públicas, hasta impunidad en diversos delitos. Además, la corrupción va ligada a un mal manejo y desvío de recursos públicos y la toma de decisiones equivocadas que impactan en la calidad de vida de las personas, provocando afectaciones a los mismos derechos humanos, puntualizó el profesor universitario.
Derechos humanos más vulnerados por la corrupción
Todos los derechos humanos con los que contamos las personas se ven en cierta medida afectados por la corrupción y sus consecuencias; sin embargo, existen algunos que son más palpables.
El especialista universitario afirmó que uno de ellos es el Derecho a la ciudad, pues las “tajadas” que suele dar el sector privado a los gobiernos se reflejan en transportes públicos deficientes, zonas más ricas y con mejores servicios públicos, así como mayor inseguridad entre las zonas más populares.
Esto trae como consecuencia que crezcan delitos como los diversos tipos de robos y el allanamiento a morada, que lastiman o anulan los derechos a la libertad, al libre tránsito, a la integridad física y a la vida.
Añadió que el derecho a la salud pública también se perjudica por el desabasto de medicamentos, los hospitales en malas condiciones, sin camas disponibles y con poco instrumental médico.
Finalmente, el derecho a un medio ambiente sano y al gozo de la naturaleza también se ven vulnerados porque, al estar las autoridades en contubernio con empresarios, generan modificaciones en el uso de suelo, y con ello, les permiten realizar actividades privadas como la explotación de recursos o la construcción de casas u hoteles en lugares no aptos.
Soluciones para combatir la corrupción
Estudios diagnóstico que lleven a estrategias focalizadas es la principal solución a la corrupción, pues así se evitar caer en sobrerregulación y soluciones dispersas, puntualizó Víctor Romero Maldonado, secretario técnico del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios.
Aunado a esto, el funcionario señaló que se debe promover una cultura de la integridad y de ética pública entre todas las personas que ocupen o busquen ocupar un cargo público, pues así se fortalece el sistema y se evita que lleguen personas sin las capacidades necesarias.
Enfatizó que hoy ya existen avances en la materia como la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y la Ley Nacional Anticorrupción.
E este sentido, el sector empresarial, desde el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México, también ha presentado varias propuestas para combatir la corrupción, las cuales son: consolidar los mecanismos de coordinación entre autoridades, sociedad civil y sector productivo y fortalecer las políticas de prevención y combate a la corrupción en la entidad.
El CCEM planteó en marzo de 2026 impulsar una agenda de integridad empresarial que permita armonizar los instrumentos internos del organismo con las mejores prácticas promovidas a nivel nacional, así como avanzar en la elaboración de un Manual de Buenas Prácticas Empresariales y Corporativas y en la consolidación de un Código Modelo de Integridad y Ética para sus organismos afiliados.
Asimismo, en una reunión con el SESAEM y diputados locales, manifestaron su disposición para acompañar la implementación en el Estado de México de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, con el objetivo de contribuir a la simplificación, digitalización y automatización de procesos que favorezcan la transparencia, la eficiencia administrativa y la competitividad.
Por su parte, Víctor Rodríguez, especificó que el combate a la corrupción avanza cuando se promueve que los trabajadores del Estado sean personas con espíritu de servicio. Esto se refleja en un discurso político coincidente con acciones anticorrupción.
Por ello, las soluciones radican principalmente en la sociedad civil, en su Involucramiento directo, ejercer una vigilancia constante y permear la conciencia cívica, siempre con coraje cívico, destacó lo que decía la filósofa alemana, Hanna Arendt: que nos duela lo que le sucede al otro y nos indigne.
invitó a las y los ciudadanos a no cerrar los ojos frente a la corrupción, a dejar de lado la apatía, comodidad y ambición desmedida, pues entre menos corrupción, hay mayores beneficios sociales. Para el especialista, la verdadera solución emana de la sociedad civil.
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