El pasado viernes 13 de agosto, la 60 Legislatura del Poder Legislativo del Estado de México aprobó los nombramientos de Guadalupe Ramírez Peña, María del Rosario Mejía y José Martínez Vilchis por siete años, y de Sharon Morales Martínez y Gustavo Parra Noriega por cinco años para que sean comisionadas y comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en el Estado de México y Municipios (Infoem).
Sin embargo, la Red Mexiquense de Gobierno Abierto informó a través de un comunicado que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la 60 Legislatura del Estado de México no garantizó el principio constitucional de máxima publicidad en el proceso de designación, ni se garantizó la transparencia, independencia y participación de la sociedad que mandata el artículo 38 de la Ley General de Transparencia (LGTAIP).
De igual forma, la Red Mexiquense de Gobierno Abierto advirtió que la Jucopo no transparentó de manera oficial un listado con el nombre de las personas que se registraron como aspirantes. Tampoco se publicaron los criterios de evaluación que se utilizarían para asegurarse de que las personas designadas cumplieran un perfil idóneo, o que contaran con experiencia en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales. En cuanto a las entrevistas, estas ocurrieron a puerta cerrada, sin que se hubieran transmitido o documentado por ningún tipo de medio electrónico o audiovisual.
Además de conducirse con esta opacidad, el Acuerdo que la Jucopo envió al Pleno con la propuesta de designaciones tampoco fue publicado en la Gaceta, y no se incluyeron calificaciones o valoraciones del conjunto de participantes por lo que la decisión no se funda ni motiva de manera suficiente. El Acuerdo menciona que se transparentó el proceso por el simple hecho de haberse publicado la Convocatoria en la Gaceta, y que se consultó a la sociedad por haber realizado entrevistas a las personas aspirantes, lo cual es insuficiente.
Al no haber garantizado el principio de máxima publicidad, no haber transmitido en vivo las sesiones de las entrevistas ni haber definido criterios básicos de valoración de las candidaturas, la Jucopo ha restado legitimidad y certeza a la designación del órgano garante del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales del Estado.
Por lo anterior, la Red Mexiquense de Gobierno Abierto presentó un conjunto de recomendaciones a los siguientes sujetos:
A las diputadas y diputados electos para la LXI Legislatura del Estado de México.
• A que revisen el marco normativo local y se desarrollen las reformas necesarias con el fin de garantizar que todos los procesos de designaciones públicas que realice el Poder Legislativo se lleven a cabo cumpliendo el principio de máxima publicidad, ética pública y participación ciudadana, alejándose de los acuerdos cupulares y opacos contrarios al interés público y la legitimidad que requieren estas instituciones.
A las comisionadas y comisionados del Infoem.
A que diseñen y aprueben un protocolo para identificar y prevenir conflictos de interés, además de publicar de manera proactiva sus declaraciones fiscales, patrimoniales y de intereses, de acuerdo con los estándares del Sistema Nacional Anticorrupción, para garantizar la independencia e imparcialidad de sus decisiones colegiadas.
• Consolidar el Servicio Profesional del Infoem, de conformidad con los los Lineamientos aprobados por el Pleno el 4 de noviembre de 2016, para que los procesos de asignación, permanencia y promoción del personal se desarrollen observando sus disposiciones con el objetivo de fortalecer la estabilidad, profesionalismo e independencia del Instituto, contar con un servicio especializado en la materia y proteger los derechos del personal que actualmente labora en el mismo.
• Hagan uso de las facultades legislativas recién conferidas al Infoem por la 60 Legislatura, para que presenten una iniciativa de reforma a la Ley de Transparencia local a fin de que los procesos subsecuentes de designación de personas comisionadas cumplan con estándares de transparencia, participación y rendición de cuentas, tanto en el proceso como en el resultado de estas.
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