La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) no es un sindicato formal independiente, sino una corriente disidente que a fines de la década de los setenta y finales de los 80 logró el control de varias secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) mediante movilización política y acción colectiva. Su núcleo histórico se concentra en el sur de México, particularmente en cinco secciones clave: Sección 22 (Oaxaca), Sección 7 y 40 (Chiapas), Sección 14 (Guerrero) y una más al norte, la Sección 18 (Michoacán). Estas entidades siguen siendo el bastión organizativo más importante y el origen de su capacidad movilizadora. Asimismo, mantiene presencia importante en la Ciudad de México (Sección 9), Zacatecas (34 y 58) y una red más amplia de secciones en prácticamente todo el país que participan en paros o movilizaciones coordinadas.
Las movilizaciones que realizan cada año, desde 1979, no dependen de algún liderazgo o cacique sindical, sino que obedecen al funcionamiento de una maquinaria organizativa sostenida en asambleas delegacionales y de representación de escuela. En esos espacios se vota y se acuerda la movilización y sus estrategias y en esos espacios se decide aceptar o rechazar una oferta del gobierno. Cabe decir que entre más radicalismo hay de parte los dirigentes seccionales y delegacionales, más oportunidades tienen de ascender en el escalafón sindical y, eventualmente, político. Más aún, la fidelidad de los movilizados se mantiene porque los actos de protestas dan puntos a las hojas escalafonarias de maestros y trabajadores administrativos de las secciones de la CNTE.
Asimismo, la CNTE se ha configurado como una organización que históricamente articula demandas laborales con una dimensión política, fundamentalmente porque los maestros de estas regiones del país suelen trabajar en contextos estructuralmente desfavorables: salarios que han perdido poder adquisitivo, precariedad en procesos de contratación, incertidumbre en la carrera docente y sistemas de pensiones visiblemente regresivos. Otra vertiente de su dimensión política organizativa es que ha operado históricamente como un contrapeso al corporativismo sindical del SNTE, promoviendo formas de organización más horizontales y asamblearias, aunque imperfectas. Esto le otorga legitimidad como actor que canaliza demandas desde la base magisterial.
Así, la lucha de la CNTE se alimenta, permanentemente, desde 1979, a la fecha, por las condiciones regionales específicas de los maestros de Oaxaca, Chiapas, Guerreo y Michoacán: alta ruralidad, marginación social y déficits en infraestructura escolar. Esto explica por qué, más que una organización homogénea, la CNTE funcione como una coalición de secciones con altos niveles de organización para la protesta que sostiene en reivindicaciones territoriales diferenciadas, pero articuladas por demandas comunes de seguridad laboral, estabilidad y reconocimiento profesional.
Las noticias recientes confirman que las movilizaciones nacionales de estos días incluyen contingentes de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Ciudad de México y otros estados donde existe una presencia extendida, aunque desigual. Desde una perspectiva democrática, las movilizaciones de la CNTE pueden considerarse válidas porque responden a demandas estructurales no resueltas: pensiones, estabilidad laboral y salario digno, que el propio conflicto actual vuelve a evidenciar como pendientes.
En segundo lugar, la evidencia reciente muestra que el paro surge en un contexto de negociaciones inconclusas y propuestas gubernamentales consideradas insuficientes por los docentes. Bajo estas condiciones, la movilización constituye un recurso clásico de presión en sistemas donde la negociación institucional no garantiza resultados.
Entre las demandas más plausibles, destacan: la revisión del sistema de pensiones del ISSSTE (2007), en la medida que hay suficientes pruebas de que el paso a cuentas individuales generó incertidumbre y deterioro en la seguridad social de los trabajadores públicos, incluida la docencia. También se pide (por enésima ocasión) la basificación y regularización laboral, relevante en un sistema que aún presenta contratos temporales o mecanismos discrecionales de asignación de plazas.
Igualmente, se solicita la revisión de la Unidad del Sistema de Carrera para Maestras y Maestros (USICAMM), debido a críticas sobre su impacto en el escalafón y la carrera profesional docente. En especial, porque este organismo legitima contrataciones precarias en lugar de dar certidumbre en la transparencia del ascenso escalafonario o la estabilidad laboral. También se exige la reinstalación de maestros cesados, cuando se trata de casos ligados a conflictos políticos más que a desempeño profesional. Estas demandas se alinean con estándares de derechos laborales y pueden considerarse negociables dentro de cualquier sistema democrático.
En contraste, algunas demandas pueden catalogarse como excesivas o estratégicamente maximalistas: El aumento salarial del 100%, que rebasa claramente las posibilidades presupuestales del Estado y dificulta la negociación incremental; la cancelación total de reformas educativas recientes, sin distinguir componentes negativos y positivos, lo que implica una postura de rechazo integral poco viable institucionalmente. Además, es de reprocharse que utilicen medidas de presión que afectan derechos de terceros (bloqueos prolongados en carreteras, aeropuertos, centros comerciales y sucursales bancarias, así como suspensión indefinida de clases), que, aunque forman parte de repertorios históricos de protesta, generan costos sociales significativos.
Desde una perspectiva analítica, estas demandas “excesivas” cumplen también una función estratégica: elevar el costo de la negociación para las autoridades. No obstante, han erosionado la legitimidad pública del movimiento y han dificultado acuerdos sostenibles. Si bien la fortaleza de la CNTE radica en su legitimidad asamblearia construida desde la base, su principal debilidad reside en el contexto político actual. Al tener que negociar con un gobierno de origen democrático (el más votado en la historia de México), éste se ve obligado a atender el pulso de la opinión pública; y, en este momento, parece configurarse un amplio consenso social en el sentido de que las protestas magisteriales han rebasado los límites de lo tolerable dentro de la convivencia democrática.
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