Balaceras, ataques de drones y desplazamientos forzados de más de mil trescientas personas se registraron desde el 6 de mayo del presente año en la región de la montaña alta en el Estado de Guerrero. Problemática que no es nueva, lleva años sumiendo en el terror a la población, mayoritariamente indígena, de un estado con profundas cicatrices y dinámicas de violencia contra sus habitantes.
Dicha problemática busca reducirse desde las declaraciones gubernamentales a conflictos focalizados, intercomunitarios o de la delincuencia organizada, sin mencionar la relación con otros actores preponderantes como las instituciones del Estado o los grandes consorcios mineros del extranjero.
La propuesta para su “solución” desde el gobierno federal es el habilitar mesas de diálogo con los “grupos de conflicto”, establecido ya a través del subsecretario de Gobernación César Yañez Centeno Cabrera, donde exhortó a “las partes” a detener las confrontaciones.
El discurso de los conflictos intercomunitarios vuelve a tomar primicia ante problemáticas que desnudan las dinámicas sociales violentas en las regiones con grandes yacimientos de recursos aún no explotados.
Otra solución, nada nueva, es reinstalar Bases de Operaciones Interinstitucionales integradas por elementos de la SEDENA, Guardia Nacional y Policía Estatal. Mecanismo de militarización que se aplicó desde el gobierno de Vicente Fox (200-2006) y tuvo gran auge en el de Felipe Calderón (2006-2012) bajo el nombre de Bases de Operaciones Mixtas.
Lo sucedido recientemente en Guerrero, nos recuerda otros escenarios y contextos muy similares de nuestro país, donde lamentablemente pareciera que existe una fórmula que termina favoreciendo intereses extractivistas.
El caso de Michoacán es ilustrativo en el sexenio de Calderón, denunciado mayoritariamente en la zona de la sierra-costa: la presencia omnipotente de los grupos del narcotráfico, la entrada de las fuerzas militares por medio de la “guerra contra el narcotráfico”, procesos de terror y desplazamiento de la población, y caída mediática que va de la mano con el funcionamiento de las empresas mineras.
A partir del 2020 en Chiapas se reprodujo la misma fórmula en la zona fronteriza sierra-costa, se inició a desplegar terror en rancherías, ejidos y comunidades, el dominio de los “cárteles” y la consecuente entrada de las fuerzas militares, población en calidad de desplazamiento, presencia mediática de la violencia y posterior calma. Ya para 2024 se inició el año con 54 concesiones mineras en el estado.
Dichos conflictos no se circunscriben a la actual administración gubernamental, sino que se viven en México con sistematicidad desde sexenios pasados ¿Qué nos indica? La sistematicidad de dicha fórmula no responde exclusivamente a un partido electoral, a un personaje que se encuentre en la presidencia, como busca reducirlo la oposición y la versión oficial.
Todo parece indicar que el fenómeno se encuentra en las entrañas de la estructura social, donde lo fundamental es la apropiación por medio de la violencia de las zonas ricas en recursos naturales, para que estén al servicio de los consorcios extractivistas.
¿Cuál es el panorama de la minería en México? Aproximadamente el 70% de la actividad minera en nuestro país está controlada por capital canadiense, y es donde se registra mayores índices de presencia y actividad criminal. Diversas denuncias de organizaciones sociales y de derechos humanos señalan el uso, por parte de las mineras, de grupos y siglas de la delincuencia organizada en los procesos de despojo territorial.
Contradicciones que están profundamente relacionadas con la visión extractivista a favor de los consorcios privados, que dominan la minería en México y obtienen enormes ganancias gracias a la violencia, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados, militarización y despojo, donde las redes y relaciones entre consorcios mineros, gobiernos-ejército y grupos delincuenciales se vinculan a favor del capital.
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