La Legislatura del Estado de México aprobó la armonización de la legislación estatal con la reforma judicial federal, con lo que la renovación total del Poder Judicial mexiquense se realizará en 2028, un año después de lo previsto originalmente, para coincidir con la elección judicial federal.
La iniciativa, impulsada por el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Francisco Vázquez Rodríguez, modifica las reglas que regirán la siguiente elección judicial y busca perfeccionar el modelo implementado en 2025, con cambios en la selección de candidaturas, la organización territorial de la elección, el diseño de las boletas y el funcionamiento de los órganos encargados de evaluar a los futuros juzgadores.
Uno de los principales cambios establece que todas las personas juzgadoras que no fueron sometidas a elección en 2025, así como las vacantes que se generen, serán electas sin excepción en los comicios judiciales de 2028.
En consecuencia, quienes concluyen su encargo en 2027 permanecerán en funciones hasta que los nuevos integrantes rindan protesta el 5 de septiembre de 2028.
La reforma también crea una Comisión Coordinadora integrada por las personas que encabecen los comités de evaluación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Este órgano será responsable de homologar los criterios de evaluación, verificar que los aspirantes cumplan los requisitos legales, definir la metodología de selección y coordinar los exámenes de conocimientos.
Cada comité de evaluación elaborará un listado con las cuatro personas mejor calificadas para cada cargo y, posteriormente, mediante un proceso de insaculación pública, reducirá la lista a dos candidaturas, garantizando en todo momento el principio de paridad de género.
Posteriormente, cada uno de los tres poderes postulará dos personas por cada cargo y enviará sus propuestas a la Legislatura, la cual remitirá los listados al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) para la organización del proceso.
Otro de los cambios relevantes consiste en la creación de regiones y distritos judiciales electorales, que servirán para organizar las votaciones según la especialidad de los cargos que estarán en disputa.
Asimismo, las boletas electorales incluirán información que permita a la ciudadanía identificar la especialidad jurisdiccional de cada candidatura, el poder que la postuló y si se trata de una persona juzgadora en funciones.
La reforma fortalece además las atribuciones del Tribunal de Disciplina Judicial, que además de supervisar la actuación de juezas y jueces tendrá responsabilidades en materia de evaluación, capacitación y actualización permanente del personal jurisdiccional.
Vázquez Rodríguez, afirmó que las modificaciones buscan fortalecer al Poder Judicial con perfiles mejor preparados, mayor capacidad técnica y una visión más humanista.
Explicó que la reforma retoma la experiencia obtenida en la primera elección judicial y ajusta aspectos relacionados con los requisitos de los aspirantes, el presupuesto, la organización del proceso y las reglas para futuras elecciones.
«Cada iniciativa se va mejorando. Hoy la estamos actualizando para el proceso de 2028 y posteriormente seguiremos reformándola para hacer un Poder Judicial mucho más fuerte, técnico y con responsabilidad hacia la ciudadanía», señaló.
El legislador rechazó que el primer proceso haya sido improvisado, aunque reconoció que la experiencia permitirá perfeccionar el modelo para garantizar que quienes resulten electos cuenten con una sólida preparación jurídica.
Adelantó que las leyes secundarias serán discutidas durante el próximo periodo ordinario de sesiones, donde se definirán aspectos como la paridad de género, el mecanismo para elegir la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, así como las reglas y tiempos de campaña para las personas candidatas.
La reforma fue votada en contra por el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano en virtud de que las modificaciones no resolverán los problemas de fondo de la reforma judicial.
La diputada de Movimiento Ciudadano, Ruth Salinas Reyes, presentó una reserva respecto a las atribuciones de la Sala de Asuntos Indígenas, la cual fue desechada.
También cuestionó que se otorgue al IEEM la facultad de redefinir regiones y distritos judiciales para cada elección, al estimar que dicha atribución corresponde constitucionalmente al Instituto Nacional Electoral (INE).
Asimismo, expresó preocupación por la disposición que impediría modificar los resultados de la elección una vez que las personas electas rindan protesta ante el Congreso.
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