Durante más de una década, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero ha acompañado a personas indígenas, campesinas, defensoras del territorio, mujeres, colectivos de búsqueda y personas privadas de la libertad en su búsqueda por la justicia.
Su historia no comenzó en un escritorio ni en una oficina, sino en las calles, en medio de la defensa de la vivienda y la resistencia frente a la criminalización de los movimientos sociales. Hoy, al cumplir 14 años de existencia, la organización sostiene que su mayor legado ha sido demostrar que el litigio estratégico puede transformar instituciones y abrir nuevos caminos para una verdadera justicia.
De un movimiento por la vivienda a la defensa de derechos humanos
El 29 de junio el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero cumplió 14 años de trabajo. Sin embargo, sus raíces se remontan a la Alianza Única del Valle, un movimiento social que surgió para defender el derecho a la vivienda digna y que enfrentó una fuerte represión entre 2006 y 2009.
De ese contexto nació el comité jurídico de la organización, que decidió convertirse en una asociación especializada en la defensa de los derechos humanos. Eligieron el nombre de Zeferino Ladrillero en homenaje a uno de los defensores históricos del movimiento por la vivienda, reconocimiento que recibió aún en vida.
Fabiola Vite Torres, abogada del Centro desde hace once años, explica que llegó a la organización convencida de que el derecho debía servir a quienes enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad y no convertirse únicamente en una herramienta de poder o enriquecimiento personal.
«Encontré en el Centro la oportunidad de dedicarme a lo que realmente quería: defender a personas indígenas, mujeres, campesinos y personas privadas de la libertad», relata.
Casos que cambiaron la conversación sobre la justicia en el Estado de México
Para la organización existen dos casos que marcaron un antes y un después en la defensa de los derechos humanos en la entidad.
El primero es el de los seis defensores indígenas de San Pedro Tlanixco, Tenango del Valle, encarcelados por más de una década tras oponerse al despojo del agua de su comunidad. El Centro asumió su defensa evidenciando graves violaciones al debido proceso, entre ellas la ausencia de intérpretes para los acusados y reconocimiento de los presuntos culpables basados únicamente en características físicas como «morena” o “chaparrita».
La estrategia jurídica trascendió los tribunales mexicanos: El caso llegó a organismos internacionales, incluida la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y generó una campaña nacional e internacional que involucró a artistas y diversos actores sociales. Finalmente, las seis personas recuperaron su libertad en 2019, después de permanecer entre 12 y 15 años encarceladas.
Para Vite Torres, ese caso dejó una huella institucional.
«Hoy existe en el Poder Judicial del Estado de México una sala especializada en asuntos indígenas que busca atender precisamente violaciones al debido proceso como las que ocurrieron en Tlanixco», afirma.
El segundo caso paradigmático gira en torno a las personas injustamente encarceladas. En alianza con el colectivo Haz Valer Mi Libertad, el Centro impulsó una discusión pública que cuestionó la idea de que toda persona en prisión es necesariamente culpable.
A través del acompañamiento jurídico y la visibilización de casos de fabricación de delitos y discriminación estructural, la organización contribuyó al debate que derivó en la creación de la Ley de Amnistía del Estado de México. Aunque rechaza atribuirse ese logro en solitario, reconoce haber sido parte del proceso que permitió su aprobación y posteriores reformas para ampliar el acceso a este mecanismo de libertad.
«Han sido las personas injustamente presas quienes levantaron la voz; nosotros aportamos elementos para la discusión pública», sostiene la abogada.
Una organización con presencia en todo el país
A diferencia de muchas organizaciones civiles, el Centro Zeferino Ladrillero ya no cuenta con una sede permanente. La pandemia obligó al cierre de sus oficinas y transformó su manera de trabajar.
Hoy, explica Vite Torres, cerca del 90 por ciento de sus actividades ocurre directamente en territorio. Su labor combina litigio estratégico con documentación, comunicación, acompañamiento psicosocial y trabajo multidisciplinario, bajo un enfoque de derechos humanos e interseccionalidad.
Aunque originalmente concentraba su trabajo en el Estado de México, desde 2020 amplió su presencia a entidades como Baja California, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Yucatán y Quintana Roo, donde acompaña conflictos ambientales, defensa del territorio, pueblos indígenas, movimientos sociales y colectivos de madres buscadoras, además de continuar con la defensa de personas privadas de la libertad.
Después de 14 años, el Centro sostiene que la justicia en México sigue enfrentando profundas desigualdades. Para Vite Torres, el sistema continúa reproduciendo discriminación por origen étnico, color de piel, género o condición económica, por lo que considera indispensable construir una justicia con perspectiva de derechos humanos, de género, interseccional y ambiental.
«La justicia tiene que volver a mirar a quienes tiene que asistir», concluye, convencida de que el mayor reto no es únicamente cambiar las leyes, sino transformar la forma en que el Estado entiende y ejerce la justicia.
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