En México, la desaparición de personas se mantiene como una crisis que exige colocar a las víctimas y sus familias en el centro de las políticas públicas, fortalecer la coordinación institucional y garantizar el derecho a buscar y ser buscado.
Detrás de cada expediente hay un nombre, una historia que quedó suspendida y una familia que sigue esperando. En México, la desaparición de personas ha dejado de ser únicamente un problema de seguridad para convertirse también en una profunda crisis de derechos humanos que obliga a las instituciones a replantear la manera en que buscan, atienden y acompañan a quienes enfrentan la ausencia de un ser querido.
En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, conmemorado cada 30 de agosto, el Colegio de Abogados del Estado de México realizó el conversatorio “Víctimas de Desaparición en México, contextos de criminalidad actuales”, donde madres buscadoras, autoridades y especialistas coincidieron en que la búsqueda debe tener como punto de partida a las víctimas y sus familias.
Durante el encuentro, María Sol Berenice Salgado Ambros, directora de Políticas Públicas de la Secretaría de Gobernación federal, sostuvo que frente a la crisis que atraviesa el país es indispensable colocar al centro de las acciones y políticas públicas a las víctimas y sus familias, además de garantizar condiciones para la no repetición.
Una búsqueda que también lleva el dolor de las familias
Para Ana Laura Velázquez Delgado, madre buscadora, la búsqueda tiene un rostro profundamente familiar. Su hijo desapareció hace casi cuatro años y, desde entonces, su familia ha vivido las consecuencias de una ausencia que también cobró la vida de su esposo, quien falleció a causa de la tristeza provocada por la pérdida de su hijo.
“Lo que nos hace estar aquí es gritar por los que ya no están”, expresó.
La buscadora denunció lo que calificó como “cortinas de humo” en los procesos de búsqueda y pidió a las autoridades judiciales dejar de juzgar o cuestionar a las madres por no “haber hecho bien su trabajo”.
También llamó a evitar la revictimización de las personas desaparecidas mediante preguntas relacionadas con sus actividades o su forma de vida. A ello sumó una preocupación institucional: la falta de una Fiscalía especializada en personas desaparecidas.
La historia de Liz Machuca, líder del colectivo Flores en el corazón, muestra otra de las dimensiones de esta problemática. Su hermana Eugenia desapareció en Ocoyoacac y posteriormente se descubrió que había sido víctima de feminicidio. Durante tres días, Liz y sus padres buscaron desesperadamente su paradero, sin saber que el cuerpo permanecía en las instalaciones de la SEMEFO.
Machuca acusó de omisión a autoridades municipales, al considerar que, como primeros respondientes, debieron informar que Eugenia había sido trasladada a un hospital, donde finalmente murió sola.
Para las familias, explicó, mecanismos como las cédulas de búsqueda municipales pueden marcar una diferencia al permitir una respuesta inmediata. Sin embargo, denunció que algunas autoridades locales ocultan casos para evitar que aumenten sus niveles de incidencia delictiva.
La violencia tampoco termina cuando comienza una búsqueda. Machuca señaló que las personas buscadoras enfrentan amenazas e incluso violencia homicida, mientras que la sociedad todavía muestra falta de empatía frente a quienes viven esta situación.
Por ello, pidió acercar a la ciudadanía a esta realidad mediante pláticas, conversatorios y acciones de sensibilización y prevención.
Instituciones que deben responder de manera coordinada
El Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas del Estado de México, Luis Miguel Carriedo, reconoció que las familias de personas desaparecidas enfrentan un desgaste permanente. No sólo deben recorrer distintas instituciones para intentar obtener respuestas; también tienen que continuar atendiendo las responsabilidades de la vida cotidiana mientras buscan a sus seres queridos.
Recordó que la conmemoración internacional del 30 de agosto, impulsada por la Convención de las Naciones Unidas, busca visibilizar estas realidades y refrendar compromisos.
Ante ello, consideró indispensable fortalecer los marcos normativos y los protocolos de actuación, pero, sobre todo, llevarlos a la práctica con eficacia. También destacó la necesidad de articular esfuerzos entre instituciones y personas defensoras de derechos humanos. En ese acompañamiento, la CEAVEM ofrece atención jurídica, psicológica y de trabajo social.
Carriedo subrayó además que quienes trabajan directamente con víctimas deben contar con vocación, pues la atención institucional no puede reducirse a trámites y procedimientos.
La desaparición de personas tampoco permanece estática. Avelino Blanco Guido, titular de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (COBUPEM), explicó que se trata de un fenómeno complejo debido a que los contextos criminales cambian constantemente y, con ellos, también deben evolucionar las estrategias de búsqueda.
En ese escenario, las autoridades cuentan actualmente con herramientas como tecnología de rastreo, geolocalización y análisis de contexto.
Pero la búsqueda, sostuvo, no puede recaer únicamente en las instituciones. La ciudadanía también puede contribuir al compartir boletines de búsqueda o participar en jornadas de búsqueda de campo. La idea es asumir que se trata de una lucha que involucra a toda la sociedad.
Carlos Manuel Garnica Encarnación, supervisor de la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República, señaló que las desapariciones constituyen una problemática estructural que atraviesa la seguridad, los derechos humanos y una crisis institucional.
Explicó que en muchos casos se desconoce qué ocurrió con las personas desaparecidas y las investigaciones enfrentan dificultades para determinar si se trata de una desaparición forzada, un delito distinto, un caso relacionado con delincuencia organizada u otra circunstancia.
A ello se suma que nadie está preparado para enfrentar una desaparición y muchas familias desconocen qué hacer en los primeros momentos, mientras deben enfrentarse a una estructura institucional compleja y a una distribución de competencias que puede dificultar la atención.
Por ello, consideró que la pregunta no debe limitarse a cuántas personas están siendo buscadas. También es necesario preguntar cuántas familias han obtenido verdad, justicia y reparación del daño.
Garnica destacó que las personas buscadoras deben ser reconocidas como titulares de derechos y no como simples observadoras, pues su participación activa aporta información y facilita la vinculación con las instituciones para actuar con mayor rapidez.
Y es que localizar a una persona no significa necesariamente identificarla, informar a su familia o conseguir que los responsables sean sancionados. Ahí, sostuvo, permanece uno de los grandes desafíos.
En ese sentido, consideró que elevar a rango constitucional el derecho a buscar y ser buscado habría representado un paso fundamental.
Madres buscadoras: de víctimas indirectas a titulares de derechos
Para Fátima Esther Martínez Mejía, presidenta del Colegio de Abogados del Estado de México, existe además una dimensión de género que no puede ignorarse.
La búsqueda de personas desaparecidas se ha convertido en una actividad feminizada debido a la carga histórica que recae sobre las mujeres como cuidadoras de sus familias. En ese contexto, destacó el poder de agencia y el llamado “amor político” de las madres buscadoras, quienes han contribuido a modificar las condiciones en que se realizan las búsquedas y a impulsar cambios en los marcos normativos.
Sostuvo que encontrar a las personas desaparecidas requiere voluntad política y una comprensión distinta de las víctimas indirectas: las madres buscadoras no son espectadoras, sino protagonistas de los procesos de búsqueda.
Añadió que los derechos humanos deben entenderse como una vía hacia mejores condiciones de vida y bienestar social.
Una cifra nunca debe borrar a la persona
Al cerrar su participación, Sol Salgado llamó a recordar que detrás de cada cifra y de cada expediente existe una persona que falta y una familia que espera.
Los avances alcanzados en materia de atención y búsqueda, reconoció, han sido impulsados en buena medida por las propias familias, que han obligado a las instituciones a reconocer nuevas necesidades y transformar sus prácticas.
El reto ahora, señaló, consiste en que las autoridades respondan de manera coordinada, eficiente y responsable, pero también con capacidad para ofrecer resultados.
La búsqueda, así, no puede detenerse en un expediente abierto, una ficha publicada o una localización. Para las familias, encontrar significa recuperar un nombre, conocer la verdad, obtener justicia y, cuando sea posible, reconstruir una vida marcada por la ausencia.
Reconocimiento a una trayectoria de búsqueda
Durante el conversatorio también fue entregado el reconocimiento “Justicia buscadora a favor de personas desaparecidas y sus familias” a Gloria Muciño González, por incorporar la perspectiva de género y de derechos humanos en la Comisión de Atención a las Víctimas y por implementar el programa ODISEA.
El reconocimiento cerró un encuentro en el que quedó una exigencia común: que las instituciones dejen de mirar la desaparición únicamente desde las estadísticas y comprendan que, detrás de cada número, existe una persona ausente y una familia que continúa buscando.
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