El Gobierno del Estado de México prepara una nueva estructura para garantizar el acceso a la información pública y la protección de datos personales, luego de la desaparición del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem).
La propuesta presentada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez plantea crear Transparencia Mexiquense, un organismo público desconcentrado de la Secretaría de la Contraloría, que asumirá las funciones que anteriormente correspondían al Infoem.
La iniciativa ya fue turnada a comisiones del Congreso del Estado de México para su análisis y discusión. La primera mesa de trabajo está prevista para el 14 de agosto.
¿Por qué se plantea una nueva estructura?
De acuerdo con la propuesta, el cambio busca armonizar la legislación estatal con las reformas realizadas a nivel nacional en materia de transparencia y protección de datos personales, además de simplificar la estructura administrativa y evitar un aumento en el gasto público.
La iniciativa destaca que el Estado de México enfrenta una responsabilidad importante en esta materia. De acuerdo con cifras de 2023 del INEGI, la entidad se ubicó en el sexto lugar en solicitudes de información, al registrar mil 520, además de que es la que cuenta con más sujetos obligados: 332.
Transparencia Mexiquense tendrá autonomía técnica, financiera y de gestión, aunque estará adscrito como organismo desconcentrado a la Secretaría de la Contraloría.
Entre sus principales funciones estarán conocer y resolver asuntos relacionados con el acceso a la información, imponer sanciones, promover el ejercicio de los derechos de transparencia y fomentar la cultura de la rendición de cuentas y la capacitación.
La persona titular del nuevo organismo será designada por la gobernadora del Estado de México, una vez que la iniciativa sea aprobada.
Un nuevo subsistema de transparencia
La propuesta también contempla crear el Subsistema de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México, encargado de coordinar y evaluar las políticas públicas en esta materia.
Estaría encabezado por la titular de la Secretaría de la Contraloría estatal y contaría con representantes de los poderes Legislativo y Judicial, así como de órganos internos de control de distintas instituciones y organismos.
También participarían representantes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el Instituto Electoral del Estado de México, el Tribunal Electoral, el Tribunal de Justicia Administrativa y la UAEMéx, además de titulares de órganos internos de control municipales.
¿Qué cambiará para los ciudadanos?
La propuesta mantiene el derecho de cualquier persona a solicitar información pública, sin necesidad de acreditar un interés particular.
Las solicitudes podrán realizarse mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, de manera presencial, por correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, de forma verbal o por cualquier otro medio autorizado.
Cuando una solicitud se presente directamente en la plataforma, se generará un folio para darle seguimiento. En los casos en que se presente por otra vía, la unidad de transparencia deberá registrarla en la plataforma dentro de los cinco días siguientes.
Las autoridades tendrán un plazo máximo de 20 días hábiles para responder.
Más información pública y actualizada
La iniciativa también establece nuevas obligaciones para los llamados sujetos obligados, es decir, las instituciones públicas que deben transparentar el uso de recursos y sus actividades.
Entre la información que deberán publicar se encuentra:
• Estructura orgánica y facultades de cada área.
• Metas, objetivos e indicadores.
• Directorio de servidores públicos.
• Remuneraciones brutas y netas.
• Gastos de representación y viáticos.
• Número de plazas de base y confianza.
• Contratos de servicios profesionales.
• Declaraciones patrimoniales en versión pública.
• Convocatorias y resultados de concursos para ocupar cargos públicos.
• Programas, planes, subsidios, estímulos y apoyos.
• Marco normativo, como leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y convenios.
La información deberá mantenerse actualizada al menos cada tres meses, bajo el principio de una transparencia con sentido social, es decir, que los datos publicados sean útiles y accesibles para la población.
Comités de Transparencia
Cada sujeto obligado deberá contar con un Comité de Transparencia, integrado por un número impar de personas y encargado de atender las solicitudes de información.
El comité estará conformado por la persona titular de la Unidad de Transparencia, quien lo presidirá; la persona responsable del área coordinadora de archivos y el titular del Órgano Interno de Control o equivalente.
Las decisiones se tomarán por mayoría de votos y, en caso de empate, quien presida tendrá voto de calidad.
Protección de datos personales
La iniciativa también propone una nueva Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, cuyo objetivo será establecer reglas para el manejo de información personal en poder de las instituciones públicas.
La legislación contempla garantizar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, conocidos como ARCO, además de establecer medidas para proteger la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los datos personales.
Esta iniciativa forma parte del proceso de simplificación administrativa y reorganización gubernamental derivado de las reformas constitucionales y legales realizadas a nivel federal en materia de transparencia y protección de datos personales.
Ahora corresponderá al Congreso mexiquense analizar la propuesta, realizar las modificaciones que considere necesarias y, en su caso, aprobar el nuevo marco legal que dará paso formalmente a Transparencia Mexiquense.
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