La Legislatura del Estado de México convocó al octavo periodo extraordinario de sesiones para discutir la nueva legislación en materia de transparencia y protección de datos personales, con la que se concretaría la desaparición del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem).
La sesión se llevará a cabo el jueves 20 de agosto a las 12:00 horas y uno de los principales asuntos será la iniciativa presentada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, mediante la cual se expiden una nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y una Ley de Protección de Datos Personales, además de reformar diversas disposiciones legales para armonizarlas con el nuevo marco nacional.
La propuesta contempla sustituir al Infoem por Transparencia Mexiquense, que estará vinculado a la Secretaría de la Contraloría estatal y asumirá las funciones relacionadas con el acceso a la información pública y la protección de datos personales.
Una reforma que llega seis meses tarde
El diputado Octavio Martínez cuestionó que la discusión haya tardado seis meses, al recordar que en febrero venció el plazo para aprobar las leyes secundarias necesarias para concretar la desaparición del Infoem.
Señaló que durante este periodo se mantuvo una estructura que precisamente se busca eliminar bajo el argumento de reducir la burocracia y generar ahorros.
Pero el retraso no es el único punto que genera cuestionamientos.
La Legislatura convocó al periodo extraordinario sin contar inicialmente con un dictamen aprobado.
En tanto, el análisis legislativo de las iniciativas fue agendado de última hora para llevarse a cabo posteriormente en comisiones.
Cuestionamientos
Las propuestas planteadas por el Gobierno estatal y el Grupo Parlamentario de Morena han generado otros cuestionamientos.
Los diputados del PRD Omar Ortega y Araceli Casasola han señalado que la desaparición del Infoem representa un retroceso, al considerar que se sustituye un organismo autónomo por una estructura vinculada al Poder Ejecutivo.
El principal cuestionamiento está en la autonomía de la autoridad encargada de garantizar el acceso a la información.
Aunque Transparencia Mexiquense tendría autonomía técnica, financiera y de gestión para ejercer sus funciones, estará vinculada a la Secretaría de la Contraloría estatal.
Por lo que, la oposición cuestiona quién garantizará el derecho de los ciudadanos cuando una autoridad niegue información o vulnere su derecho de acceso a ella.
¿Realmente se reducirá la burocracia?
Morena y el Gobierno estatal sostienen que la desaparición del Infoem permitirá reducir gastos y simplificar la estructura administrativa, al trasladar sus funciones a instituciones y órganos que ya existen.
El argumento es que las unidades de transparencia de los poderes públicos, municipios y organismos autónomos ya operan, al igual que las plataformas mediante las cuales la ciudadanía solicita información, por lo que no sería necesario contratar más personal ni generar una nueva estructura burocrática.
Sin embargo, la propuesta contempla la creación del Subsistema de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México, encargado de coordinar y evaluar las políticas públicas en la materia.
Este subsistema estaría encabezado por la titular de la Secretaría de la Contraloría estatal e integrado por representantes de los poderes Legislativo y Judicial, así como de órganos internos de control de diversas instituciones y organismos, entre ellos la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el Instituto Electoral del Estado de México, el Tribunal Electoral, el Tribunal de Justicia Administrativa y la UAEMéx.
También contempla la participación de siete titulares de órganos internos de control municipales, uno por cada zona en que se encuentra dividido el Estado de México.
A esto se suma la creación de Comités de Transparencia en cada sujeto obligado, que serán responsables de atender las solicitudes de información y estarán integrados por la persona titular de la Unidad de Transparencia, quien lo presidirá; la persona responsable del área coordinadora de archivos y el titular del Órgano Interno de Control o equivalente.
Es decir, aunque el argumento central de la reforma es reducir burocracia, el nuevo modelo también contempla nuevas instancias de coordinación y comités que deberán operar en los sujetos obligados.
Por lo que, la reforma deberá demostrar que la desaparición del Infoem no se limita a un cambio de nombre y de dependencia, sino que realmente permitirá tener un sistema menos costoso y, sobre todo, capaz de garantizar el acceso a la información pública y la protección de los datos personales.
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