Durante seis años, Grisell Balderas Longuitud ha recorrido fiscalías, juzgados, centros de justicia y tribunales con una carpeta bajo el brazo y una ausencia que la acompaña todos los días: la de su hijo Matías. En ese trayecto estudió Derecho, fundó una colectiva, impulsó una iniciativa legislativa y convirtió su historia personal en una causa colectiva.
Ahora, esa lucha cruzará las fronteras. El próximo 3 de agosto de 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrará en Washington, D.C., la primera audiencia temática del Sistema Interamericano dedicada exclusivamente a la violencia vicaria en América Latina, un hecho sin precedentes que colocará por primera vez este fenómeno en la agenda regional de derechos humanos.
La audiencia fue solicitada por la organización Red Solidaria Década Contra la Impunidad, junto con las colectivas Mujeres México, Madres Libertarias, Justicia para Madres e Infancias y Mujeres Unidas, con el propósito de exponer no casos individuales, sino la dimensión nacional de una violencia que, aseguran, continúa reproduciéndose desde las instituciones encargadas de impartir justicia.
«Esta audiencia no hablará de un solo expediente; hablará de la situación que viven las mujeres víctimas de violencia vicaria en todo México», explica Balderas.
Del expediente personal a una causa nacional
La historia de Grisell comenzó en 2020, cuando, pese a contar con una sentencia definitiva que le otorgaba la custodia de su hijo Matías, denunció que éste fue sustraído por su padre. En ese momento, recuerda, ninguna autoridad quiso recibir la denuncia porque, según le dijeron, «el padre no podía cometer ese delito». Fue entonces cuando decidió estudiar Derecho para comprender un sistema judicial que, asegura, parecía cerrarle todas las puertas.
Lo que entonces aún no tenía nombre, hoy es reconocido como violencia vicaria: una forma de violencia de género en la que los hijos e hijas son utilizados como instrumento para causar el mayor daño posible a la madre.
Desde entonces, dice haber acompañado a decenas de mujeres en fiscalías y tribunales, mientras construía una red de apoyo para traducir el lenguaje jurídico en herramientas comprensibles para quienes llegan a los juzgados sin conocer los procedimientos legales.
Así nació, en agosto de 2022, la colectiva Mujeres México, con un objetivo claro: acercar el conocimiento jurídico a madres inmersas en procesos familiares y penales derivados de la violencia vicaria.
La Ley Matías: proteger primero a las infancias
En medio de esa experiencia surgió otra propuesta. La Ley Matías lleva el nombre de su hijo mayor y busca modificar la legislación sobre violencia vicaria para incorporar un supuesto adicional: que también se configure este delito cuando el agresor separe deliberadamente a hermanos y hermanas.
Actualmente, explica Balderas, la legislación de Quintana Roo contempla siete supuestos para acreditar la violencia vicaria. Su iniciativa pretende agregar un octavo, enfocado en proteger el vínculo entre las infancias que también resulta fracturado durante estos procesos judiciales.
La propuesta fue presentada en el Parlamento de Mujeres de Quintana Roo durante 2025; sin embargo, permanece sin ser discutida en el Congreso estatal. Para Balderas, la iniciativa representa un cambio de enfoque: dejar de mirar únicamente el conflicto entre adultos y colocar en el centro el interés superior de niñas, niños y adolescentes.
«La violencia vicaria destruye a las madres, pero también rompe para siempre la infancia de los hijos», sostiene.
El origen de la ley, dice, nació de una frase pronunciada por su hijo menor, Carlo, durante una evaluación psicológica.
«Quiero que Dios me haga grande para rescatar a mi hermano.»
Esa frase terminó convirtiéndose en el corazón de la propuesta legislativa.
Un sistema que revictimiza
Balderas asegura que, después de decenas de procedimientos judiciales, denuncias penales, litigios familiares y administrativos, encontró un patrón repetido: las madres denuncian violencia, mientras ellas mismas terminan siendo criminalizadas.
Relata que muchas mujeres enfrentan procesos penales impulsados por quienes las denunciaron primero, mientras sus hijos permanecen separados de ellas durante meses o incluso años.
Por ello, uno de los principales planteamientos que llevarán ante la CIDH será la necesidad de establecer protocolos obligatorios para proteger de inmediato a niñas, niños y adolescentes cuando exista una denuncia por violencia vicaria, evitando su utilización dentro de los litigios familiares y garantizando evaluaciones integrales del núcleo familiar.
También buscarán visibilizar la violencia institucional, la revictimización y los efectos psicológicos que, afirman, enfrentan tanto las madres como sus hijos.
Una audiencia para todo un país
La audiencia del próximo lunes no resolverá expedientes ni emitirá sentencias. Su relevancia radica en otro aspecto: será la primera ocasión en que el Sistema Interamericano escuche exclusivamente la situación de la violencia vicaria en México desde una perspectiva estructural.
La exposición estará encabezada por integrantes de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, quienes presentarán información sobre las afectaciones que esta forma de violencia provoca en mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como las omisiones institucionales que, sostienen, permiten su continuidad.
Para Grisell Balderas, llegar a Washington representa mucho más que un paso jurídico. Es la posibilidad de que miles de historias que durante años permanecieron confinadas a expedientes familiares sean escuchadas, por primera vez, en uno de los principales foros internacionales de derechos humanos del continente.
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