Dos historias distintas convergen en un mismo reclamo: la libertad de sus hijos, a quienes consideran víctimas de procesos judiciales irregulares. Cristina Flores Jacinto y Francisca Sánchez acudieron al colectivo Haz Valer Mi Libertad para buscar apoyo en los casos de sus hijos que llevan varios años presos por delitos que no cometieron.
Hoy tienen una nueva esperanza con la recién instalada Comisión de Amnistía de del Congreso mexiquense, en donde podrían revisar sus expedientes y determinar si fueron encarcelados de manera injusta.
Para ambas, los años transcurridos no sólo representan tiempo en prisión para sus hijos, sino familias fragmentadas, infancias marcadas por la ausencia y una lucha constante contra un sistema que, aseguran, ignoró pruebas a su favor.
Cinco años de prisión y dos procesos por los mismos hechos
Cristina Flores recuerda con precisión el inicio del caso de su hijo, Gilberto Gómez Flores. Todo comenzó, afirma, con una denuncia por presuntos tocamientos contra una menor durante una reunión familiar. Sin embargo, sostiene que las personas presentes —incluida la abuela y un tío de la menor— declararon que Gilberto permaneció toda la reunión con ellos y nunca estuvo en el lugar donde supuestamente ocurrieron los hechos. Aun así, asegura, esos testimonios fueron desestimados por el juez bajo el argumento de que eran familiares.
Ante la advertencia de varios abogados de que sería prácticamente imposible obtener una absolución en un caso que involucraba a una menor, la familia aceptó un procedimiento abreviado. Cristina explica que lo hicieron para reducir la condena, aunque ello implicara reconocer responsabilidad. La sentencia quedó en siete años de prisión. Sin embargo, apenas concluyó ese proceso, la Fiscalía abrió una segunda carpeta por el delito de violación, utilizando las mismas pruebas y el mismo expediente psicológico.
La madre sostiene que ni el examen médico ni el psicológico acreditaron una agresión sexual. Además, asegura que existen registros de geolocalización, movimientos bancarios, videos y datos de Google Maps que ubican a su hijo vacacionando en Ixtapa-Zihuatanejo el día y la hora en que presuntamente ocurrió la violación en Lerma. Pese a ello, afirma que esas evidencias no fueron tomadas en cuenta.
Mientras el proceso continúa, dice, la condena también alcanzó a la familia. Gilberto dejó de ver crecer a sus dos hijas, quienes presenciaron su detención cuando tenían apenas tres y seis años. Su esposa tuvo que incorporarse al mercado laboral y las menores quedaron al cuidado de su abuela, una mujer de más de 70 años y que padece diabetes.
«Dejan a niños huérfanos de padres vivos», resume Cristina al describir el impacto que, asegura, ha tenido la prisión en toda la familia.
Diez años en prisión por un homicidio que nunca se probó
La historia de Francisca Sánchez comenzó hace una década. Su hijo, Ricardo González Sánchez, fue detenido sin una orden de aprehensión mientras trabajaba como hojalatero. Inicialmente fue acusado por un delito relacionado con autopartes, del que quedó libre. Sin embargo, dentro de la Fiscalía le fue imputado un homicidio.
Francisca asegura que durante la detención él y otros trabajadores fueron golpeados por policías antes de ser trasladados. Recuerda que, cuando buscó respuestas, comenzó un proceso judicial que nunca logró demostrar la responsabilidad de su hijo.
Afirma que, en el juicio, una testigo reconoció no conocer a los acusados ni haber visto que privaran de la vida a la víctima. También señala que los dictámenes periciales de genética descartaron cualquier vínculo entre los imputados y la joven fallecida, además de concluir que no existían indicios de violencia sexual. A pesar de ello, la jueza resolvió condenarlos porque «había un delito que pagar».
Cuando Ricardo ingresó al penal tenía 21 años y un hijo de apenas seis meses de edad. Hoy, diez años después, Francisca continúa participando en movilizaciones del colectivo Haz Valer Mi Libertad y prepara la solicitud para que el expediente sea revisado por la Comisión de Amnistía, convencida de que existen elementos suficientes para acreditar su inocencia.
Sociedad civil vigilará el trabajo de la Comisión de Amnistía
La instalación de la Comisión de Seguimiento a los Casos de Amnistía en el Congreso del Estado de México representa un avance impulsado por años de exigencia de colectivos y familiares de personas privadas de la libertad, pero su actuación será observada de cerca por la sociedad civil para garantizar que los casos de personas inocentes no queden nuevamente en el rezago.
Así lo afirmó Lady Plácido Arroyo, fundadora del colectivo Haz Valer Mi Libertad, quien señaló que la creación de este órgano legislativo fue posible gracias al trabajo conjunto entre organizaciones civiles y la disposición de diputadas y diputados que atendieron las demandas de quienes mantuvieron durante 153 días el plantón denominado «Las mujeres que luchamos por la libertad», instalado frente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
La activista consideró que el funcionamiento de la comisión dependerá de la coordinación entre instituciones y de mantener un diálogo permanente con las organizaciones de la sociedad civil, pues la justicia solo puede materializarse mediante la escucha mutua y el trabajo conjunto.
«Cuando la justicia llega tarde, ya no es justicia», expresó al insistir en la necesidad de que los expedientes se revisen con celeridad para evitar que personas inocentes permanezcan años en prisión.
Plácido Arroyo sostuvo que los mecanismos de amnistía buscan reparar los daños ocasionados durante periodos en los que el sistema de justicia criminalizó principalmente a jóvenes, personas indígenas y población en condición de pobreza, quienes, dijo, carecen de los recursos económicos o de las influencias políticas necesarias para enfrentar un proceso penal en condiciones de igualdad.
En contraste, señaló que personas con poder político o económico suelen obtener beneficios procesales que les permiten enfrentar sus casos en libertad o incluso librar las acusaciones sin llegar a prisión.
A su juicio, el sistema de justicia mantiene un sesgo de discriminación, racismo, clasismo y privilegios que influye en quiénes terminan privados de la libertad.
«Vemos que desgraciadamente el Poder Judicial ha sido utilizado para que quienes tienen poder nunca pisen la cárcel», afirmó.
Como ejemplo de esa desigualdad, recordó una de las consignas que acompañó el plantón del colectivo: «Dime para quién es la cárcel, si el rico nunca entra y el pobre nunca sale».
«No queremos impunidad; queremos justicia y queremos libertad. Nunca hemos luchado por personas culpables, sino por inocentes que están tras las rejas por un delito que no cometieron», concluyó.
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