La lucha de Irinea Buendía Cortés, madre de Mariana Lima Buendía, llegó a una nueva etapa en el Estado de México.
La Legislatura mexiquense aprobó una reforma que contempla hasta 10 años de prisión para personas servidoras públicas de procuración y administración de justicia que obstaculicen investigaciones relacionadas con delitos cometidos contra mujeres por razones de género.
El dictamen establece penas de cuatro a 10 años de prisión, multas de 100 a 150 días, así como destitución o inhabilitación para el cargo, cuando las conductas previstas afecten el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación del daño.
La reforma modifica el Código Penal del Estado de México y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
La lucha de Irinea Buendía
El proyecto legislativo, denominado Ley Mariana Lima Buendía, retoma propuestas impulsadas por Irinea Buendía, quien durante años exigió que se investigara con perspectiva de género la muerte de su hija, ocurrida el 29 de junio de 2010, en Chimalhuacán.
Mariana Lima fue encontrada sin vida y la investigación inicial apuntó a un suicidio. Ante las irregularidades del caso, su madre emprendió una batalla legal para que se esclarecieran los hechos y se considerara la posibilidad de feminicidio.
El 25 de marzo de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el amparo relacionado con el caso y ordenó reabrir la investigación, además de realizar las diligencias necesarias con perspectiva de género para determinar las circunstancias de la muerte.
El fallo se convirtió en un precedente para establecer que toda muerte violenta de una mujer debe investigarse con perspectiva de género y sin descartar desde el inicio la hipótesis de feminicidio.
A partir de ese antecedente, la reforma aprobada por el Congreso mexiquense busca incorporar al marco legal estatal obligaciones más precisas para la investigación de estos casos y sanciones frente a conductas de autoridades que puedan obstaculizar el acceso a la justicia.
Morena llevó la iniciativa al Pleno
La legisladora Jennifer Nathalie González fue la impulsora de la iniciativa.
Durante su intervención, reconoció la participación de Irinea Buendía, colectivos y personas defensoras jurídicas en la construcción de la propuesta y sostuvo que la reforma no debe entenderse únicamente como un endurecimiento de penas, sino como un cambio en la forma de investigar y atender los delitos contra las mujeres, para evitar que las omisiones o negligencias de las autoridades impidan esclarecer los hechos.
¿Por qué es relevante?
El caso de Mariana Lima puso en evidencia la importancia de que las muertes violentas de mujeres no sean investigadas bajo prejuicios ni se descarte de manera anticipada la posibilidad de feminicidio.
La reforma busca que esa obligación se incorpore en la legislación estatal y que las conductas de servidores públicos que obstaculicen el acceso a la justicia puedan generar consecuencias penales.
Actualmente, el Código Penal estatal contempla para el delito de feminicidio penas de 40 a 70 años de prisión, además de multas de 700 a 5 mil días, con posibles incrementos por agravantes.
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