La síndica municipal de San Felipe del Progreso, Patricia Eugenia González Alcántara, denunció ser víctima de presuntos actos recurrentes de violencia política de género por parte del presidente municipal, Jaime Torres Marín, y de diversos funcionarios del Ayuntamiento.
La funcionaria señaló que desde el inicio de la administración se le ha impedido ejercer plenamente las funciones para las que fue electa.
Ante esta situación, señaló que ha promovió 31 juicios ante el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) y presentó denuncias ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM).
Además, recientemente acudió a la Cámara de Diputados para exponer su caso y solicitar respaldo institucional.
González Alcántara sostuvo que el alcalde la ha tratado «como una empleada más», pese a que fue electa por la ciudadanía
Por lo que afirmó que busca visibilizar lo que considera actos de violencia política de género y presuntos abusos de poder, además de solicitar la intervención de las autoridades para garantizar el respeto a sus derechos político-electorales.
TEEM acreditó violencia política
La síndica recordó que el Tribunal Electoral del Estado de México resolvió de manera conjunta los 31 expedientes y, mediante una sentencia emitida el 2 de julio de 2026, acreditó la existencia de violencia política en su contra.
Los juicios derivaron de la negativa de las autoridades municipales para entregarle información, documentación, recursos e insumos necesarios para el desempeño de sus atribuciones.
La resolución señala como responsables al presidente municipal Jaime Torres Marín, así como al secretario del Ayuntamiento, al tesorero municipal y al director de Administración.
En tanto, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) mantiene abierta una investigación para determinar si los hechos también constituyen violencia política contra las mujeres en razón de género.
Denuncias
En entrevista, González Alcántara explicó que las irregularidades comenzaron con la negativa de acceso a actas de Cabildo, presupuesto, cuenta pública, informes trimestrales, participaciones, información de obra pública, nómina y otros documentos indispensables para supervisar el manejo de los recursos públicos.
Posteriormente, aseguró, también le retiraron al personal asignado a su oficina, el vehículo oficial que utilizaba para realizar sus actividades y diversos insumos de trabajo, hasta dejarla sin colaboradores ni herramientas básicas.
Incluso, relató que tuvo que solicitar durante varios meses una impresora y que, pese a la sentencia del TEEM, las condiciones para desempeñar su cargo no han cambiado.
Espera resolución del IEEM
La síndica recordó que entre sus atribuciones legales se encuentran la vigilancia de la hacienda pública municipal, la fiscalización del ejercicio de los recursos y la defensa del patrimonio del Ayuntamiento, por lo que insistió en que requiere acceso oportuno a la información para cumplir con esas responsabilidades.
Hasta el momento, el Ayuntamiento de San Felipe del Progreso y los funcionarios señalados no han emitido una postura pública respecto a las acusaciones.
Tampoco el comité directivo estatal de Morena, partido al que pertenece el gobierno de San Felipe, ha fijado una posición sobre el caso.
Patricia Eugenia González Alcántara confía en que la resolución que emita el IEEM contribuya a poner fin a las conductas que ha denunciado y garantice el pleno ejercicio de sus funciones.
No obstante, aseguró que continuará desempeñando su cargo pese a las condiciones que enfrenta.
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