El debate sobre los resultados de la prueba PISA en México suele estar dominado por una pregunta: ¿quién es responsable de los bajos niveles de desempeño académico? Desde una perspectiva especializada en políticas educativas comparadas, atribuir toda la responsabilidad al gobierno federal constituye una simplificación excesiva de un problema complejo. Los resultados de PISA reflejan el efecto acumulado de factores económicos, sociales, familiares, institucionales y educativos que se desarrollan durante años e incluso décadas, no únicamente las decisiones adoptadas por una administración en particular.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), organismo internacional promotor de esta prueba, ha mostrado que el nivel socioeconómico de los estudiantes es uno de los factores que más influye en el aprendizaje. Los estudiantes provenientes de hogares con mayores recursos económicos, culturales y educativos suelen obtener mejores resultados que aquellos que viven en condiciones de pobreza o vulnerabilidad. La OCDE señala que las condiciones socioeconómicas tienen un impacto significativo sobre el rendimiento escolar y que las políticas educativas, por sí solas, no pueden eliminar completamente los efectos de la desigualdad social.
Por otra parte, los resultados educativos dependen también del entorno familiar. Numerosas investigaciones muestran que el nivel educativo de los padres, la disponibilidad de libros en casa, los hábitos de lectura, el acompañamiento escolar y las expectativas familiares influyen directamente en los aprendizajes. Por tanto, una parte importante del desempeño de los estudiantes se explica por condiciones que están fuera del control inmediato del gobierno y que dependen de las características de cada hogar.
Otro factor a considerar es que la calidad educativa es producto de decisiones acumuladas durante largos periodos. Los estudiantes de 15 años que participan en PISA han pasado prácticamente toda su vida escolar dentro de un sistema educativo construido por diversos gobiernos, reformas curriculares y políticas públicas implementadas durante más de una década. Por ello, responsabilizar exclusivamente a un solo gobierno ignora la naturaleza acumulativa de los procesos educativos.
Asimismo, debe considerarse el impacto de la pandemia de COVID-19. La suspensión prolongada de clases presenciales afectó los aprendizajes en prácticamente todo el mundo. La OCDE documentó caídas significativas en los resultados internacionales de PISA 2022 respecto a ciclos anteriores. En México, el 62% de los estudiantes reportó que su escuela permaneció cerrada por más de tres meses debido a la pandemia, una proporción superior al promedio de la OCDE.
No es para justificar los posibles fallos gubernamentales, pero otro factor relevante es que los bajos resultados no son un fenómeno exclusivamente mexicano. Los datos de PISA han mostrado que numerosos países desarrollados y en desarrollo experimentaron retrocesos significativos en matemáticas, lectura y ciencias después de la pandemia. Incluso sistemas educativos tradicionalmente exitosos registraron disminuciones en sus puntajes. Por ello, interpretar los resultados de México como una anomalía atribuible únicamente a las autoridades nacionales resulta metodológicamente incorrecto.
Sin embargo, reconocer que el gobierno no es el único responsable no significa eximirlo de responsabilidad. Las autoridades educativas sí tienen una función central en materia de financiamiento, formación docente, diseño curricular, infraestructura escolar y evaluación educativa. Lo adecuado es hablar de una responsabilidad compartida, donde el gobierno tiene un papel importante, pero no exclusivo. En todo caso, esperemos que los resultados de la prueba PISA de este año sirvan como un insumo para que las autoridades educativas mejoren la situación de las escuelas y de los maestros, pero se enfoquen en mejorar los planes y programas de estudio en las materias clave de la enseñanza en la educación básica que son español y matemáticas.
Cabe señalar que diferentes voceros del gobierno, han hecho énfasis en que las políticas educativas en la educación básica, no deben evaluarse en función de las métricas de tipo meritocrático, sino desde una perspectiva de la inclusión, gracias a las becas que otorga el gobierno especialmente a las y los estudiantes de este nivel. En virtud de que, a corto plazo, estos apoyos ayudan a reducir costos directos asociados a la asistencia escolar, como transporte, materiales, alimentación o conectividad. Esto disminuye el riesgo de abandono escolar entre estudiantes de familias con recursos limitados.
A mediano plazo, los programas de becas y transferencias pueden contribuir a que los jóvenes concluyan niveles educativos superiores, aumentando la probabilidad de permanencia y continuidad escolar. Diversos estudios internacionales muestran que las transferencias condicionadas y las becas educativas suelen mejorar la asistencia y reducir la deserción, especialmente entre poblaciones vulnerables.
No obstante, es importante distinguir entre permanencia y aprendizaje. Una beca puede ayudar a que un estudiante permanezca en la escuela, pero por sí sola no garantiza mejores resultados en pruebas como PISA. Para elevar el rendimiento académico se requieren además mejoras en la enseñanza, formación docente, liderazgo escolar, materiales educativos, participación familiar y condiciones de aprendizaje.
En síntesis, los bajos resultados de PISA no pueden atribuirse exclusivamente al gobierno mexicano porque reflejan la interacción de factores sociales, económicos, familiares e institucionales de largo plazo. Además, los retrocesos observados en el rendimiento escolar son un fenómeno internacional y no exclusivamente mexicano. Por otro lado, los apoyos económicos a estudiantes constituyen una herramienta razonable para favorecer la permanencia escolar en el corto y mediano plazo, aunque su impacto sobre los aprendizajes depende de que vayan acompañados de políticas educativas integrales.
