Por primera vez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) abrió una audiencia pública temática para analizar la violencia vicaria en México, un hecho que organizaciones de la sociedad civil calificaron como histórico al colocar en el plano internacional una problemática que aseguran, no ha encontrado respuesta efectiva en las instituciones nacionales.
Durante la sesión, representantes de la Red Década contra la Impunidad, Mujeres Unidas Jalisco, Madres Libertarias y Justicia para Madres e Infancias sostuvieron que acudieron a la CIDH después de años de buscar soluciones mediante mesas de trabajo, reuniones con autoridades y procesos judiciales que no han logrado detener la separación de madres e hijos ni la revictimización institucional.
Las representantes de la sociedad civil, integradas por Blanca Estela Paredes Cervantes, Gabriela Pablo Saucedo, Elisa María Saldívar Barcelata y María Magdalena López Paulino, argumentaron que la violencia vicaria no sólo implica actos cometidos por particulares, sino también el uso del propio aparato de justicia para prolongar el daño a las mujeres mediante juicios familiares, denuncias penales, dictámenes periciales y resoluciones que desconocen la perspectiva de género y los derechos de las infancias.
En representación del Estado mexicano participaron el embajador de México ante la OEA, Alejandro Encinas Rodríguez; Ingrid Gómez, Subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres; así como integrantes del Poder Judicial de la Federación y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes expusieron las acciones emprendidas para atender esta modalidad de violencia.
Denuncian afectaciones a madres e infancias y falta de registros oficiales
Durante su intervención, las organizaciones explicaron que la violencia vicaria fue conceptualizada en 2012 por la psicóloga argentina Sonia Vaccaro como una forma de violencia de género en la que el agresor utiliza a hijas, hijos u otras personas cercanas para dañar deliberadamente a la madre. Señalaron que esta conducta incluye amenazas de separación, sustracción de menores, manipulación de procesos judiciales, uso de la llamada alienación parental y, en los casos más extremos, el feminicidio vicario.
Indicaron que México carece de un registro nacional oficial sobre violencia vicaria, situación que impide dimensionar el problema y diseñar políticas públicas efectivas. No obstante, citaron datos del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, según los cuales hasta marzo de 2026 se habían documentado más de 5 mil 286 casos, que involucraban aproximadamente 11 mil 100 niñas, niños y adolescentes. También señalaron que la Red Nacional de Refugios reportó que, durante 2025, una de cada diez mujeres que ingresó sola a un refugio lo hizo porque sus hijos habían sido sustraídos por el agresor.
Las organizaciones añadieron que más del 90% de las madres que integran el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria enfrentan o han enfrentado denuncias penales promovidas por sus agresores; el 57% fue denunciada por violencia familiar, el 62% identificó pruebas simuladas y el 71% reportó haber sufrido violencia institucional.
Asimismo, sostuvieron que niñas, niños y adolescentes no son víctimas indirectas, sino directas de esta violencia, al sufrir afectaciones psicológicas, emocionales y, en algunos casos, agresiones físicas o sexuales. Acusaron que el principio del interés superior de la niñez suele utilizarse para justificar separaciones sin evaluaciones individualizadas y sin escuchar adecuadamente a las infancias.
Organizaciones piden estándares internacionales y un delito autónomo
Ante la CIDH, las organizaciones solicitaron que la Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres y la Relatoría sobre los Derechos de la Niñez elaboren un pronunciamiento conjunto que establezca estándares interamericanos sobre violencia vicaria y la reconozca como una modalidad autónoma de violencia de género.
También pidieron que el Estado mexicano informe sobre el número de carpetas de investigación, procesos y sentencias por violencia vicaria desde la reforma de 2024; el número de mujeres procesadas por denuncias promovidas por sus agresores; los protocolos existentes para identificar riesgos y el presupuesto destinado a atender esta problemática.
Entre las solicitudes también figuró incorporar la violencia vicaria como un eje específico en el informe anual de la CIDH sobre México, crear un registro nacional único y armonizar la legislación nacional para tipificarla como delito autónomo, con una definición clara, reconocimiento de niñas y niños como víctimas directas y mecanismos uniformes de protección en todas las entidades federativas.
Estado mexicano destaca reformas legales y acciones institucionales
En respuesta, la Secretaría de las Mujeres señaló que, desde la reforma constitucional de noviembre de 2024, se fortaleció el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y se avanzó en el reconocimiento normativo de la violencia vicaria mediante reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al Código Penal y al Código Civil Federal, así como su incorporación en 29 legislaciones estatales.
La dependencia informó que entre octubre de 2024 y julio de 2026 brindó acompañamiento a 117 casos de violencia vicaria; indicó que el 66% recibió atención jurídica, el 26% fue canalizado a otras instancias y el 43% permanece en seguimiento activo. Además, destacó la operación de la línea 079 opción 1, una red de mil 200 abogadas, mil un Centros LIBRE, 85 Centros de Justicia para las Mujeres y 90 refugios especializados.
Por su parte, el Poder Judicial de la Federación informó que en los últimos cinco años ha conocido 269 juicios de amparo indirecto relacionados con violencia familiar, de los cuales 46 estuvieron vinculados con violencia vicaria y cinco con violencia ejercida por interpósita persona. Añadió que también ha fortalecido la capacitación de personas juzgadoras mediante 22 actividades académicas sobre derechos de las mujeres, perspectiva de género y protección de niñas, niños y adolescentes.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que ha reconocido la constitucionalidad de las reformas que incorporan la violencia vicaria como una modalidad específica de violencia de género y estableció que los órganos jurisdiccionales deben adoptar medidas reforzadas de protección para mujeres e infancias, privilegiar el interés superior de niñas, niños y adolescentes y juzgar con perspectiva de género. Sus criterios, señaló, son obligatorios para todos los tribunales del país.
No obstante, las organizaciones insistieron en que, pese a las reformas legales y a la creación de nuevos mecanismos institucionales, la violencia vicaria continúa produciéndose principalmente dentro de los juzgados familiares y las fiscalías, donde, según sus propias vivencias y testimonios, persisten prácticas que revictimizan a las madres y mantienen separados a cientos de niñas y niños de sus familias.
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