La definición de las candidaturas de Morena para las 17 gubernaturas que estarán en disputa en 2027 se ha convertido en la primera gran prueba política del sexenio de Claudia Sheinbaum. El dilema central ha sido decidir entre dos lógicas de construcción del poder: por un lado, respetar los acuerdos y grupos políticos construidos por los gobernadores salientes, fortaleciendo una dinámica de descentralización partidista; por otro, impulsar perfiles cercanos al proyecto presidencial para evitar que los gobiernos estatales se conviertan en enclaves autónomos dentro de la coalición gobernante. Desde el principio del proceso se anunció que la definición de las coordinaciones estatales de Defensa de la Transformación sería a través de encuestas, pero detrás de este proceso se registraron negociaciones entre liderazgos nacionales, gobernadores, el PVEM y el PT.
El resultado, en términos generales, fue el triunfo de las y los gobernadores morenistas salientes. En términos políticos, privilegiar a las y los mandatarios estatales puede ayudar a mantener cohesión territorial y reducir rupturas locales, pero se corre el riesgo de empoderar cacicazgos regionales. En cambio, impulsar perfiles identificados con la Presidencia fortalecería la capacidad de coordinación nacional de Sheinbaum, aunque puede provocar conflictos con las élites estatales morenistas. Ésta es la tensión que explica prácticamente todas las definiciones conocidas hasta septiembre de 2026.
Estados ya definidos
Aguascalientes: Nora Ruvalcaba. Fue designada coordinadora estatal y se convirtió en la virtual candidata de Morena. Su principal competencia procedía de Arturo Ávila y otros actores locales. La decisión favorece claramente a un perfil histórico de Morena con relación directa con la dirigencia nacional y con la propia presidenta. Ruvalcaba llamó públicamente a cerrar filas después de la decisión. Fue cuestionada por sectores cercanos a Arturo Ávila y otros grupos locales argumentaron que existía una competencia cerrada en las encuestas previas. Sin embargo, en este caso predominó la lógica presidencial. Al no existir gobernador morenista en el estado, Morena tuvo menos incentivos para negociar con estructuras locales y privilegió a una figura emblemática de la 4T.
Campeche: Pablo Gutiérrez Lázarus. El exalcalde de Carmen fue designado coordinador estatal. Desde el inicio del proceso fue considerado el perfil impulsado por la gobernadora Layda Sansores. Fue cuestionado por grupos cercanos a Gerardo Sánchez y Carlos Ucán, quienes manifestaron inconformidades durante el proceso de registro. Sobre este caso está claro que predominó la negociación con la gobernadora. Morena evitó un choque con Layda Sansores y validó a un perfil claramente asociado a su grupo político.
Colima: Rosi Bayardo. La exalcaldesa de Manzanillo ganó la coordinación estatal. Las encuestas internas la colocaban desde meses atrás como favorita. Este anuncio mostró inconformidades menores de otros aspirantes, pero ello no tuvo una relevancia pública. En este caso está claro que predominó el acuerdo con la gobernadora Indira Vizcaíno. Bayardo es percibida como una figura compatible con el grupo gobernante estatal.
Guerrero: Beatriz Mojica. La senadora con licencia fue designada coordinadora estatal. Se impuso a perfiles como Esthela Damián y la alcaldesa de Acapulco, Abelina López. Abelina López cuestionó la definición y expresó diferencias con el proceso interno. Hasta el momento, se puede decir que es el primer caso que refleja una decisión de equilibrio. Mojica mantiene vínculos con la dirigencia nacional, pero también es aceptable para la gobernadora Evelyn Salgado y para el grupo de Félix Salgado Macedonio. Morena evitó un conflicto con el grupo local gobernante.
Michoacán: Carlos Torres Piña. El exfiscal estatal fue nombrado coordinador. Fue cuestionado por el bloque identificado con Raúl Morón, cuyos integrantes mostraron reservas desde el proceso previo. Pese a ello, la dirigencia nacional de Morena se inclinó por favorecer ampliamente la lógica del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. Torres Piña es considerado parte del grupo estatal gobernante.
Querétaro: Santiago Nieto. El extitular de la UIF ganó la coordinación estatal. Fue cuestionado por sectores vinculados a Gilberto Herrera y otros liderazgos locales que se consideraban competitivos. Pero se puede apreciar este caso como el más claro de fortalecimiento presidencial. Santiago Nieto posee reconocimiento nacional y una trayectoria ligada a los gobiernos federales de López Obrador y Sheinbaum y nunca ha tenido carrera política en Querétaro.
Sinaloa: Imelda Castro. La senadora con licencia resultó ganadora. Fue cuestionada por grupos cercanos al senador Enrique Inzunza y otros aspirantes estatales. Diversas disputas internas marcaron el proceso. Con este resultado, Morena buscó un punto medio. Imelda Castro es cercana al proyecto nacional, pero también cuenta con arraigo local. La decisión evitó la concentración del poder sucesorio en un solo grupo estatal.
Quintana Roo: Eugenio “Gino” Segura. Fue designado coordinador hace unos cuantos días. Fue ampliamente cuestionado por los grupos de Rafael Marín, Marybel Villegas y Ana Paty Peralta, quienes aspiraban igualmente a la posición. En este caso se aprecia que predominó el acuerdo con la gobernadora Mara Lezama y con el PVEM, aliado central en el estado.
Zacatecas: Verónica Díaz Robles. La senadora con licencia obtuvo la coordinación. Fue cuestionada por simpatizantes de Ulises Mejía Haro y otros aspirantes locales. El resultado muestra que fue una decisión para favorecer al grupo político de los Monreal. Morena evitó abrir un conflicto con una de las redes más influyentes del partido.
Baja California: Julieta Ramírez. La diputada federal fue designada coordinadora estatal. Fue cuestionada por Ismael Burgueño, Armando Ayala, Monserrat Caballero y otros aspirantes tenían presencia significativa en encuestas y estructuras territoriales. Sin embargo, en este caso, como en Guerrero, la decisión parece combinar ambas lógicas. Julieta Ramírez es cercana a Marina del Pilar, pero también mantiene buena relación con la dirigencia nacional y representa una renovación generacional promovida desde el centro.
Queda pendiente Chihuahua donde la disputa principal se concentra entre Andrea Chávez y Cruz Pérez Cuéllar. Las encuestas muestran ventaja para Andrea Chávez. Esta puede ser una de las pruebas más importantes para el peso presidencial. Andrea Chávez es considerada una de las figuras más cercanas al liderazgo nacional, mientras Pérez Cuéllar representa poder territorial propio.
Otro caso pendiente es Baja California Sur donde la contienda se desarrolla principalmente entre Milena Quiroga y Manuel Cota. La primera representa continuidad con el grupo gobernante, en tanto que el segundo cuenta con respaldo importante del PVEM.
En el caso de Nayarit Geraldine Ponce aparece como una de las favoritas. Su postulación implicaría respaldar al grupo del gobernador Miguel Ángel Navarro. En tanto en Nuevo León Waldo Fernández encabeza diversos sondeos internos y no de es de extrañarse porque se trata de una figura con conexiones nacionales y capacidad de negociación con distintos grupos de Morena y aliados.
A su vez, en San Luis Potosí Carlos Arreola figura entre los aspirantes más competitivos. Aquí el factor decisivo será la relación con el PVEM, fuerza dominante en el estado. En Sonora, Lorenia Valles se ubica entre los perfiles mejor posicionados. En caso de formalizarse su postulación, sería una candidatura compatible tanto con el gobernador Alfonso Durazo como con la dirigencia nacional. Finalmente queda el caso de Tlaxcala, donde Ana Lilia Rivera encabeza preferencias internas y también sería una candidatura de equilibrio entre los liderazgos nacionales y locales de Morena, porque representa un perfil nacionalmente conocido y cercano a la dirigencia estatal.
Si se observa el conjunto de decisiones tomadas hasta ahora, Morena no está imponiendo sistemáticamente candidatos de la Presidencia ni está entregando completamente las sucesiones a los gobernadores. El patrón predominante es una estrategia híbrida. En estados donde existe un gobernador fuerte y con capacidad de movilización territorial (Campeche, Michoacán, Quintana Roo, Zacatecas y parcialmente Colima), Morena ha tendido a respetar los equilibrios locales. En cambio, en entidades estratégicas o de oposición donde no existe un gobernador morenista que deba ser compensado (Aguascalientes, Querétaro y probablemente Chihuahua), el peso de la dirigencia nacional y del entorno presidencial ha sido mayor.
Desde una perspectiva politológica, el proceso revela que Morena está transitando de un partido altamente centralizado bajo López Obrador a una organización más compleja, donde gobernadores, grupos parlamentarios, aliados como el PVEM y la Presidencia negocian simultáneamente la distribución del poder. El éxito o fracaso de esta fórmula determinará no sólo las elecciones de 2027, sino también el grado de cohesión con el que Claudia Sheinbaum llegará a la sucesión presidencial de 2030.
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