La promesa de importar la “motosierra” de Javier Milei fracasará en Colombia porque la ultraderecha no comprende la realidad política y social del país que pretende gobernar ni cercala historia y la lógica de una guerra prolongada que no puede enfrentarse con un recorte presupuestal. El programa de Abelardo De la Espriella es inviable, querer reducir drásticamente el Estado, mientras se lanza una ofensiva total contra el ELN, requiere exactamente lo que se pretende destruir, y al hacerlo se debilita al Estado y se fortalece la resistencia social y armada que hunde sus raíces en la desigualdad y el abandono territorial.
De la Espriella ha declarado que “el diálogo está agotado” y promete derrotar al “narcoterrorismo”. El ELN responde que no aceptará el sometimiento, sino que mantiene disposición a salidas políticas, no a una rendición. Ignorar su naturaleza como proyecto político-militar conduce a un diagnóstico falso de la guerra.
Más de seis décadas de ofensivas, incluido el Plan Colombia, no eliminaron la insurgencia. El ELN ha sobrevivido a gobiernos, operativos y procesos de paz porque el conflicto expresa una disputa no resuelta por la tierra, el extractivismo y el modelo de Estado.
La “motosierra” promete reducir el Estado en 40%, un ajuste de 70 billones de pesos y crecimiento del 7% anual. Pero el experimento argentino mostró que el ajuste de shock no estabiliza: la pobreza superó el 52,9% (INDEC), mientras el FMI celebraba el recorte. Informes de CEPAL, The Guardian y Le Monde diplomatique documentan su costo social. En Colombia, recortar el gasto significa desmantelar la presencia estatal en territorios donde el ELN ha construido autoridad.
La guerra requiere Estado, pero la motosierra desmantela su cara social: salud, educación, justicia. Deja intactos los circuitos financieros y el extractivismo. El ELN ha sobrevivido precisamente porque el Estado no llegó con derechos, sino con operativos militares y concesiones a capitales extranjeros. Alertas humanitarias sobre Catatumbo, Chocó y Bajo Cauca muestran que los grupos armados crecen donde el Estado se retira.
El ELN sostiene que la paz no es rendición, sino acuerdos. La paz liberal, entendida como desarme y apertura al capital transnacional, no ha logrado paz duradera en Colombia. En este sentido el problema no es quién negocia, sino qué modelo de país se negocia.
La contradicción histórica es insalvable dado que, para reducir el Estado se necesita un Estado fuerte; para derrotar al ELN, más Estado; y para atraer inversión, seguridad e instituciones presentes. La motosierra no puede desaparecer de tajo seis décadas de conflicto ni la memoria de los movimientos sociales que han resistido al neoliberalismo y la injerencia estadounidense.
El terremoto como revelación
El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente de Colombia el 10 de agosto de 2026, a tres días de la posesión de De la Espriella, evidenció la fragilidad estatal. Con 287 muertos, 3.975 heridos y 13.077 viviendas destruidas en 15 departamentos, la emergencia mostró la ausencia del Estado en regiones apartadas.
Esta incapacidad para responder en zonas donde el ELN tiene presencia fortalece el discurso guerrillero. Cuando el Estado es ineficaz o ausente, los grupos ilegales ocupan el vacío de poder, ofreciendo orden o asistencia que el gobierno no provee. El terremoto, lejos de demostrar fortaleza, evidenció debilidad y dio razones a las comunidades para desconfiar de las instituciones, fortaleciendo la base social del ELN.
Mientras el ELN conserve capacidad territorial, militar y política, Colombia demostrará que la motosierra argentina no puede importarse a un país donde la guerra es cotidiana. Reducir el Estado sin resolver el conflicto no lo sustituye, al contrario, lo convierte en un instrumento aún más violento contra los sectores populares que exigen una transformación social profunda.
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