Desde septiembre del año pasado, el sector joyero de Toluca ha sido objeto de un nuevo impuesto de casi 30 mil pesos anuales por parte de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Estado de México.
Este nuevo gravamen no sólo afecta a los casi mil joyeros que se localizan en cuatro centros comerciales especializados en el ramo, ubicados en las calles de Benito Juárez y Miguel Hidalgo, sino que vulnera el desarrollo económico y social de todo el centro histórico de la capital mexiquense, así lo dieron a conocer los comerciantes, acompañados de las tres cámaras empresariales más grandes de la entidad.
José Antonio Martínez, representante del sector joyero, especificó que en septiembre y octubre pasado, así como en mayo de este año, les han estado llegando de manera masiva cartas de invitación firmadas por la directora de Recaudación estatal, Patricia Garduño Ramírez, para que paguen el impuesto antes mencionado por cada local; no obstante, muchas no cuentan con un nombre como destinatario.
Además, personal de la Secretaría de Finanzas ha llegado a los centros joyeros a recaudar información de los dueños de dichos negocios, evidenciando que no cuentan con un padrón oficial.
El representante de los joyeros añadió que los funcionarios públicos han llegado con una actitud amenazante y, de no pagar el impuesto, se han hecho acreedores a mutas de 16 mil pesos para evitar que los clausuren, por lo que podrían tratarse de actos de extorsión.
Otro dato que destacó como preocupante es que no hay reglas claras de cómo se debe pagar este nuevo impuesto, pues muchos trabajadores estatales han querido cobrar sin tener una línea de captura, mientras que algunos comerciantes refieren que no hay un espacio fijo donde pagar e, incluso, a algunos les han dicho que pueden hacer el pago diferido y no en una sola exhibición.
Recordó que la gran mayoría de los joyeros son comerciante al por menor que funcionan como pequeños negocios de los cuales dependen sus familias. En contraste, explicó que el sector ha sido de los más golpeados en los últimos años debido a la inflación, la inseguridad y las bajas ventas producto de la merma de visitantes al centro de la ciudad.
Acusan ilegalidad y desproporcionalidad en el nuevo impuesto
El presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones del Estado de México (CONCAEM), Mauricio Massud afirmó que esta medida de la Secretaría de Finanzas podría reflejar que el Estado de México no es un lugar seguro para invertir debido a la falta de reglas claras y permanentes en la aplicación de la ley.
Recalcó que debido a este nuevo impuesto podrían estar en peligro más de 15 mil fuentes de empleo, mismas que derivan de las 2 mil 500 joyerías al menudeo que existen en la entidad.
Recordó que la entidad mexiquense se encuentra en la posición número 23 en el ranking nacional de competitividad empresarial y que esta medida haría retroceder aún más esa posición, aunado a que orillaría a muchos joyeros a mover sus negocios a otros estados.
En su intervención, Fernando Reyes, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo Valle de Toluca (CANACO SERVYTUR) detalló que dicho cobro esta basado en los artículos 62, 128 y 128 de la Ley de Competitividad y Ordenamiento estatal, los cuales refieren a comercializadoras de metales preciosos o casas de empeño, rubros en los que no caben los pequeños comerciantes joyeros, es decir, la Secretaría de Finanzas les estaría equiparando legal y administrativamente con unidades económicas de alto impacto.
Expuso que este impuesto es un intento de regulación y fiscalización del gremio, cuestiones excesivas que asfixian al comercio y violan los principios de proporcionalidad, equidad, racionalidad y legalidad.
Por su parte, el director general del Centro Coordinador Empresarial del Estado de México, Roberto Rodríguez, explicó que, a diferencia de como lo marca el artículo 126 de la Ley de Competitividad y Ordenamiento del Estado de México, las joyerías del centro histórico no son entes mercantiles, sino personas físicas y pequeños negocios, por lo que no hay una justificación legal a dicho impuesto.
Insistió en que la sobrerregulación a las micro y pequeñas empresas como el sector joyero afecta su competitividad, por lo que calificó el nuevo impuesto como un acto desproporcionado jurídicamente.
Finalmente, el presidente del Patronato Pro Centro histórico de Toluca, James Marín Noruega señaló que no se oponen a pagar impuestos y estar regularizados. Pidió a las autoridades que brinden certeza jurídica y criterios claros, así como evitar medidas como clausuras.
El abogado del sector, Francisco Pedro Mancilla, señaló que la única opción legal que están llevando a cabo algunos de los afectados es poner recursos de inconformidad ante el Tribunal de Justicia administrativa a través de escritos de alegato y presentación de pruebas, lo que implica otro gasto.
Piden a la gobernadora su intervención
Las tres cámaras estatales de comercio y el sector joyero de Toluca hicieron un llamado a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, a prestar atención a este cobro que padece el sector, pues, aseguran, contraviene a su política
Además, pidieron la intervención de la Secretaría de Desarrollo Económico como institución aliada al sector empresarial estatal, para que dé acompañamiento y certeza ante situaciones como esta.
Hasta el momento, este nuevo impuesto no ha sido aprobado por el Congreso local.
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No ha sido aprobado por diputados locales.
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