El especialista en derecho José Humbertus Pérez Espinoza, representante legal del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, enfrenta desde la cárcel de Chiconautla a la maquinaria de procuración y administración de justicia mexiquense que lo etiqueta como un vulgar ladrón de casas.
El Doctor en Derecho Parlamentario José Humbertus Pérez Espinoza, cabeza del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna A.C. (FMDVD), actualmente recluido en el penal estatal de Chiconautla por la causa penal 1718/2015 y 1720/2015, atraviesa el mismo camino andado por líderes sociales que en la última década se han atrevido a criticar, denunciar injusticias, manifestar su inconformidad y señalar públicamente la forma en que se conducen algunos funcionarios que están al frente de las instituciones del Gobierno del Estado de México (GEM).
Al igual que Pedro Hernández Escobar, director de la Universidad del Pueblo Trabajador de Nezahualcóyotl (UPTN); Ignacio del Valle Medina del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco; Felipe Rodríguez Aguirre, dirigente de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ) y Santiago Pérez Alvarado, representante legal del Frente Mazahua en Defensa del Agua (FMDA), entre otros, el también catedrático del Instituto Politécnico Nacional (IPN), José Humbertus, enfrenta el singular aparato de procuración e impartición de justicia mexiquense que tan sólo de enero a noviembre del presente año procesó 186 mil 713 carpetas de investigación-delitos.
Preso desde el 4 de noviembre de 2015 por su probable responsabilidad de ingresar a dos viviendas ubicadas en calle Encino de Villas del Real municipio de Tecámac y “robar” a mano armada un aparato radiofónico, Pérez Espinoza, responsabiliza al gobernador Eruviel Ávila Villegas y procurador Alejandro Jaime Gómez Sánchez, entre otros funcionarios del GEM, de fabricarle los dos supuestos delitos de robo con violencia “cometidos” el 26 de septiembre de 2015.
Ilícito aparentemente protagonizado por el representante legal del Frente Mexiquense que de acuerdo a las últimas modificaciones al Código Penal local, no permite ningún tipo de beneficio o esquema de preliberación para el imputado por haberse cometido con violencia.
Por lo que José Humbertus Pérez Espinoza tendrá que enfrentar la acusación privado de su libertad, independientemente de que los jueces lo juzguen culpable o inocente de los señalamientos realizados por “vecinas” del conjunto habitacional.
De acuerdo a la defensa de Pérez Espinoza, durante las audiencias la parte acusadora nunca ha logrado demostrar ser la legítima titular de la vivienda que habita; tampoco ha demostrado (con algún documento-factura) ser la propietaria del aparato radiofónico que supuestamente le sustrajeron.
Pero sobre todo no aportó ningún dato de prueba que acredite su dicho verbal, el cual consistiría en demostrar que el maestro del IPN y especialista en leyes se convirtió en un vulgar ladrón que con pistola en mano entró al domicilio, amenazó a sus moradores y sustrajo un estéreo, inconsistencias de la parte acusadora que para los jueces que llevan los casos no han sido relevantes.
A través de una carta redactada desde el penal ubicado al norte de la entidad mexiquense, José Humbertus quien mediante diversos procesos jurídicos ganó juicios a corporativos como URBI Desarrollos Urbanos S.A. de C.V., y logró que se ejecutara orden de aprehensión contra René Jaime Mungarro, uno de los ex directivos más importantes de la inmobiliaria, pide a Senadores de la República de la Comisión de Derechos Humanos, analizar su caso ya que está plagado de irregularidades que violan sus derechos humanos, asegura.
En el texto Pérez Espinoza hace un breve recuento de la lucha del FMDVD y recuerda a los legisladores mexicanos que su asociación civil abandera las injusticias y abusos que cometen las inmobiliarias contra sus clientes, en complicidad o con pleno conocimiento de alcaldes, secretarios del GEM y funcionarios estatales y federales en general.
La carta que también tiene como destinatario a la opinión pública y medios de comunicación, alude en por lo menos diez ocasiones al mandatario Ávila Villegas y lo responsabiliza de la desgracia por la que está pasando él y su familia, ya que en estos momentos su esposa Beatriz Juárez Rosas e hijo (estudiante universitario), son perseguidos.
“La persecución en contra de mi ejemplar esposa Beatriz Juárez Rosas, quien de manera valiente denunció al Gobierno del Estado de México, quien durante los tres días cuestionó el supuesto grado de Doctor en Derecho del Gobernador Eruviel Ávila Villegas, al acusarlo de ser el actor intelectual de mi detención, la respuesta del Procurador y del Fiscal Regional de Ecatepec fue la de fabricarle delitos a mi esposa y perseguir a mi querido hijo Jorge Humbertus, quien repentinamente tuvo que abandonar sus estudios de licenciatura».
Personas cercanas a la familia Pérez Juárez precisaron a metricadigital.com/home que en estos momentos la señora Beatriz Juárez está en calidad de no localizable, ya que hay una orden de aprehensión en su contra, por lo cual está en riesgo de padecer la misma circunstancia que su esposo, es decir de ser detenida por los dichos de una o dos personas que le imputaran un acto delictivo que nunca cometió.
“Hay orden de aprehensión contra la señora Beatriz, tuvimos conocimiento de esa acción que también intenta realizar la autoridad del Estado de México por los procesos de audiencia en los que salió a relucir su nombre y al investigar confirmamos que van contra la esposa de Humbertus, entonces se ratifica nuestra hipótesis que hoy se puede entender como un hecho que es una persecución política contra el Frente Mexiquense”, comentó uno de la fuente que solicitó la reserva de su nombre.
En su momento Beatriz Juárez y el propio Humbertus Pérez, aseguraron que las amenazas, agresiones físicas e intentos de secuestros y “levantones” que han sufrido algunos integrantes del Frente Mexiquense a lo largo de su lucha legal y jurídica iniciada hace más de diez años, se registró a partir de que empezaron a demostrar la actuación irregular que han tenido personajes políticos como Aarón Urbina Bedolla, actual alcalde (por cuarta ocasión) del municipio de Tecámac.
Político que inició en el PAN y hoy es una de las principales figuras del PRI estatal, que habría autorizado la devolución de los recursos económicos-fianzas, así como la recepción-municipalización de los conjuntos habitacionales, pese a que las inmobiliarias no concluyeron la totalidad de las obras pactadas.
Otra irregularidad que evidenció el Frente en Tecámac, Cuautitlán Izcalli y Ocoyoacac, entre otros municipios mexiquenses, fue el cambio irregular de uso de suelo para edificar conjuntos urbanos, aunque por su complejidad técnica la gran mayoría de los casos no fueron denunciados.
La arremetida por parte de algunos actores políticos mexiquenses y titulares de áreas jurídicas del ramo inmobiliario empezó a intensificarse contra el Frente Mexiquense, cuando Pérez Espinoza demostró que algunas empresas actuaron con dolo y sobrevaluaron el precio de sus productos-viviendas.
Las cuales fueron adquiridas por la vía de créditos bancarios, cofinanciamientos de Infonavit y a través de Hipotecarias que son respaldadas, avaladas y subsidiadas, prácticamente en su totalidad, por Sociedad Hipotecaria Federal que opera con recursos públicos.
El miércoles 4 de noviembre del 2015, el representante legal del FMDV, José Humbertus Pérez Espinoza, ofreció en Toluca una conferencia de prensa en la cual no sólo ratificó los abusos que cometen empresas inmobiliarias como URBI Desarrollos Urbanos S.A. de C.V., entre otras constructoras de viviendas que incumplen contratos al no entregar las obras pactadas y sobrevaluar precios de sus productos-viviendas, sino también informó que durante las acciones jurídicas realizadas contra altos directivos de dichas empresas, quedó demostrado cómo el titular de la Procuraduría estatal, Alejandro Gómez Sánchez, habría falseado información, situación que amerita la destitución de su cargo e inhabilitación.
Al concluir la conferencia, Pérez Espinoza, fue detenido y trasladado de Toluca a Ecatepec, ya que en su contra pesaba una orden de aprehensión por un supuesto robo a casa habitación cometido con violencia, es decir con arma de fuego.
Una semana antes a su detención (finales de octubre) el representante legal del Frente había solicitado a la autoridad estatal información sobre la existencia de una orden de aprehensión en su contra, la respuesta fue negativa “no existía ningún requerimiento” por lo que la instancia federal precisó que no procedía un amparo, días después los agentes ministeriales de la Procuraduría estatal ejecutaron la orden de aprehensión que se había girado a mediados de octubre.
Sociedad Hipotecaria Federal
La página electrónica frentemex.org.mx, en su apartado “Quienes somos” precisa que el Frente Mexiquense para la Defensa de una Vivienda Digna A.C.M; entre otros objetivos, nace para evitar que la Sociedad Hipotecaria Federal siga desvirtuando su objetivo que es apoyar la adquisición de vivienda digna y evitar que siga subsidiando la totalidad de los negocios de las grandes hipotecarias-inmobiliarias que operan en el Estado de México y república mexicana en general.
Aquí un fragmento del referido texto:
El objetivo de Sociedad Hipotecaria Federal es el impulsar el desarrollo de los mercados primario y secundario de crédito a la vivienda, mediante el otorgamiento de garantías destinadas a la construcción, adquisición y mejora de la vivienda, preferentemente de interés social.
Desde su constitución los funcionarios de Sociedad Hipotecaria Federal desvirtuaron el marco normativo de su ley orgánica, y sólo impulsaron y desarrollaron con recursos públicos, es decir, con el dinero del pueblo mexicano un mercado oligopólico en la construcción de la vivienda, que beneficio a empresas como: URBI, GEO, DEMET, ARA, SARE, SADASI y HOMEX.
La Sociedad Hipotecaria Federal también con recursos públicos federales impulsó el crecimiento y desarrollo de las SOFOLES como: Patrimonio S.A. de C.V., Hipotecaria Su Casita S.A. de C.V., ING Hipotecaria S.A. de C.V., Hipotecaria Ge Money S.A. de C.V., Hipotecaria Nacional Grupo Financiero BBVA-BANCOMER S.A. de C.V., a tal punto que en el 2001 recibieron de Sociedad Hipotecaria Federal el 96.6 % de total de los recursos con que operaron.
La Sociedad Hipotecaria Federal se convirtió en la banca de las empresas constructoras de vivienda y las SOFOLES, de este modo tenemos que en el 2005 las ventas de las seis empresas desarrolladoras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (URBI, GEO, HOMEX, ARA, SARE y CONSORCIO HOGAR), ascendieron a casi $12 mil millones de pesos, recursos equivalentes a más del 50% del presupuesto total asignado para ese año a la Secretaría de Desarrollo Social.
Cabe señalar que Sociedad Hipotecaria Federal financia a las empresas constructoras a través de los Lineamientos o las Condiciones Generales de Financiamiento que publica cada año la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Las SOFOLES sólo se encargan de cobrar los intereses del financiamiento que otorga Sociedad Hipotecaria Federal, es decir, ni las constructoras, ni las SOFOLES, invirtieron en los últimos ocho años recursos propios.
Bajo estos criterios, la Sociedad Hipotecaria Federal a través de los programas de cofinanciamiento con INFONAVIT y FOVISSSTE y las SOFOLES, junto con las empresas constructoras como: URBI DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V., PROMOTORA DE VIVIENDAS INTEGRALES S.A de C.V., y DESARROLLO INMOBILIARIOS SADASI S.A DE C.V., han defraudado a más de 10 mil familias con la construcción y financiamiento de los Conjuntos Habitacionales de la Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta Sección de Villa del Real, Real del Cid, Real del Sol, Villa de Campo y Héroes Tecámac en el municipio de Tecámac y Quinta Montecarlo en el municipio de Cuautitlán Izcalli en el Estado de México.
Las empresas constructoras construyeron las infraestructuras urbanas: hidráulica y eléctrica con materiales de mala calidad, provocando de manera frecuente graves fugas en el suministro de agua potable, y en cuanto a la energía eléctrica se presentan variaciones de voltaje y descargas que provocan que las bombas del sistema hidráulico se quemen, y en los últimos cinco años este problema se agudizó.
Las empresas constructoras han incumplido con diversas disposiciones ambientales como por ejemplo en la construcción y funcionamiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales, el deficiente sistema de drenaje y alcantarillado ha provocado inundaciones en varias privadas de los conjuntos habitaciones de Villa del Real Quinta y Sexta Sección, lo más grave la construcción de las viviendas con materiales de mala calidad, y la utilización de unicel en los acabados de las casas e instalación de CPVC en las tuberías de agua potable de los interiores de las viviendas.
Estas deficiencias son avaladas por la complicidad de la Sociedad Hipotecaria Federal, quien autoriza los avalúos de las viviendas que financia a través de las SOFOLES, lo más graves es que los avalúos señalan que las tuberías de agua potable del interior de las viviendas son de cobre, cuando en realidad son de CPVC, y las casas están sobrevaluadas hasta en un 30%. Es inaudito que un órgano del Estado mexicano se preste para realizar este tipo de fraudes en complicidad con las SOFOLES y que dañan a miles de familias mexicanas.
La narrativa de la primera audiencia
“Nos quedamos pasmados” cuando la Juez de Control del Poder Judicial del Estado de México, Norma Martínez Sánchez, determinó vincular a proceso a José Humbertus, sin que haya existido ningún dato de prueba o documento que sustente los señalamientos verbales realizados por las personas que lo acusan de robo con violencia «registrado» a la casa habitación ubicada en la calle Encino Manzana 10 Lote 15 del conjunto habitacional Villas del Real sexta sección ubicada en el municipio de Tecámac, precisó en su momento Beatriz Juárez.
La también integrante del Frente detalló que la Juez no admitió ninguna de las pruebas aportadas por los abogados de Humbertus Pérez, las cuales demuestran que él es un ciudadano honorable, con prestigio social, con estudios de alta especialización en derecho y economía, catedrático del Instituto Politécnico Nacional (IPN), dirigente y representante legal de la asociación civil FMDVD.
Añadió que durante el desahogo del expediente 1720/2015, también se rechazaron los testimonios referentes a que Pérez Espinoza nunca ingresó al domicilio referido y tampoco ha tocado o portado una arma de fuego porque es un pacifista reconocido que siempre ha actuado conforme a derecho.
“Las imputaciones (realizadas durante la audiencia de vinculación a proceso) de los acusadores no tienen congruencia, no tienen lógica. Alegan que Humbertus los amagó y los robó dentro de sus domicilios y nunca demuestran tener la propiedad de las casas que habitan; tampoco demuestran documentos que acrediten la propiedad de los aparatos (estéreo) que supuestamente les sustrajo Humbertus… es un gran número de inconsistencias y aún así la Juez vinculó a proceso”, lamentó Beatriz Juárez a finales de noviembre.
Por lo anterior, consideró en ese momento, la infundada acusación que derivó en la injusta privación de la libertad de su esposo, recluido desde el pasado 4 de noviembre en el penal de Chiconautla de Ecatepec, es claramente una maniobra política, una “venganza”.
Motivada, comentó, por las acciones jurídicas y amparos que Humbertus les ha ganado a las grandes inmobiliarias que incumplen sus contratos de venta de casas y sobrevaluan los precios de sus productos-viviendas en el Estado de México, pero sobre todo por denunciar y comprobar irregularidades (falsear información) en las que han incurrido funcionarios de la Procuraduría estatal.
La reclusión de Humbertus Pérez Espinoza se ha prolongado durante dos meses, ya que la Juez de Control Martínez Sánchez, otorgó ese plazo de tiempo para que se registrara la “fase de investigación” que concluyó a finales de diciembre y tendrá su resolución en la presente semana de enero de 2016.
Etapa de investigación del proceso oral donde ambas partes, defensa del imputado y “ofendidos” abanderados por el fiscal de la Procuraduría, aportaron datos de prueba para sostener y demostrar ante un Juez Oral (distinto al que vinculó a proceso) sus aseveraciones.
Sobre dicha etapa de aportación de datos de prueba, personas cercanas a Pérez Espinoza, indicaron que la parte acusadora no logró llevar a la sala de audiencia ningún dato duro que demostrará su aseveración y su principal argumento sigue siendo el señalamiento verbal directo, es decir su testimonio y nada más.
Es de destacar que durante las audiencias del primer caso-imputación, se dio a conocer que existe una segunda carpeta de investigación identificada con el número 1718/2015 (es decir anterior a la 1720/2015 con la que se giró la orden de aprehensión), mediante la cual se imputa a Humbertus, el mismo delito de robo a casa habitación con violencia, pero registrado en una casa contigua al domicilio donde supuestamente se metió a robar.
Segunda acusación que en su momento para la señora Juárez sólo mereció el calificativo de “gran mentira”, que estaría orquestada por las personas que se prestan a este tipo de situaciones y por funcionarios de la Procuraduría que buscarán hacer creer a los jueces que de la noche a la mañana su esposo se convirtió en un delincuente que fue de casa en casa a robar electrodomésticos.
La mañana del jueves, momentos antes de que José Humbertus Pérez Espinoza fuera detenido en el Centro de Toluca por agentes ministeriales de la Procuraduría mexiquense, había anunciado en rueda de prensa que Alejandro Gómez Sánchez, procurador de la entidad, falseó información oficial relacionada con una carpeta de investigación que el FMDVD emprendió contra altos directivos de inmobiliarias que operan en el Estado de México.
Por dicho comportamiento irregular, el FMDVD determinó emprender un proceso jurídico ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para buscar la destitución del Procurador.
Esto fue lo que dijo José Humbertus Pérez Espinoza, minutos antes de ser detenido:
“El día de ayer martes 3 de noviembre de 2015 presente ante el Ministro Luís María Aguilar Morales, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el recurso para que se inicie de manera inmediata la destitución e inhabilitación del Procurador General de Justicia del Estado de México Lic. Alejandro Jaime Gómez Sánchez y del Comisario General de la Policía Ministerial: Mauricio Crispín Hernández Butrón, por contravenir la Ley de Amparo concretamente en el Capítulo III de los Delitos en su artículo 262º fracción I”.
“Porque se acredita que el Procurador General de Justicia del Estado de México Lic. Alejandro Jaime Gómez Sánchez y del Comisario General de la Policía Ministerial: Mauricio Crispín Hernández Butrón, ambos servidores públicos rindieron informes falsos que negaron la verdad jurídica de los hechos, por ello señalaron que las órdenes de aprehensión en contra de René Jaime Mungarro y Sergio Armando Guevara Márquez, ingresaron al Sistema de Control y Seguimiento de Órdenes de Aprehensión el 17 de abril de 2015, esto es falso y niegan a la verdad en virtud de que las órdenes de aprehensión, se giraron y se registraron el 10 de marzo de 2015 y además se le notificó el 12 de marzo de 2015 al Suprocurador Regional de Justicia del PGJEM con Sede en Ecatepec de Morelos del Estado de México, de las citadas órdenes de aprehensión”.
