A ocho años de que el Gobierno del Estado de México (GEM) otorgó a Constructora Teya S.A de C.V., la concesión para edificar la autopista Toluca-Naucalpan, uno de los proyectos carreteros más ambiciosos por sus dimensiones y costos durante la administración del entonces gobernador Enrique Peña Nieto, la obra que de acuerdo a las bases de la licitación SCEM-CCA-01-06 debería haber estado en operación en abril de 2009, no ha sido concluida.
La vía rápida que busca conectar el ala norte de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca con la Zona Metropolitana del Valle de México, ha generado por parte de algunos comuneros de Lerma juicios en Tribunales Agrarios y Amparos Directos que buscan dejar sin efectos los resolutivos de las Asambleas comunales donde otro grupo de comuneros habría dado luz verde al proyecto carretero privado.
Ante la férrea oposición al proyecto por parte del Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra (FPIDMT) del municipio de Lerma y dudas sobre la titularidad o posesión de la tierra por donde se proyectan algunos tramos carreteros, cinco años y seis meses después de haberse entregado la concesión a Constructora Teya, el gobernador Eruviel Ávila Villegas, echó mano de una de sus facultades y a través del Decreto emitido el 4 de octubre de 2012, expropió 68 polígonos ubicados en el municipio de Lerma, impulsando así el proyecto que había iniciado su antecesor Peña Nieto.
De acuerdo al Acta Relativa al Acto de Emisión del Fallo emitida el 24 de abril del 2007 por el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM), instancia adscrita a la Secretaría de Comunicaciones del GEM, la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento de la autopista Toluca-Naucalpan, se le otorgó a Constructora Teya que forma parte de Grupo Higa, y no a alguna de las otras tres participantes (La Peninsular Compañía Constructora, Gutsa Infraestructura y Tradeco Infraestructura), porque su proyecto era el que más convenía para los intereses del gobierno estatal.
“La Secretaría de Comunicaciones ha decidido aceptar la propuesta presentada por la empresa Constructora Teya, S. A. de C.V., en su versión alternativa, ya que en su conjunto, resulta ser la más conveniente para los intereses del Gobierno del Estado de México, pues no sólo mejorá la propuesta básica, sino que propone un trazo alternativo en su totalidad diferente a la propuesta original de concurso”.
Precisa el Acta del Fallo firmada por el entonces secretario de Comunicaciones estatal, Gerardo Ruíz Esparza, actual titular del ramo a nivel federal y Manuel Ortiz García, que en el 2007 estaba al frente de SAASCAEM y hoy es uno de los funcionarios de confianza del mandatario Ávila Villegas pues forma parte de su gabinete al encabezar la Secretaría del Agua y Obra Pública.
El documento al que metricadigital.com/home tuvo acceso, refiere que Constructora Teya tiene la concesión por treinta años del proyecto carretero Toluca-Naucalpan, el cual constará de cuatro carriles (dos por sentido) a lo largo de 39 kilómetros por donde se estima una circulación de 7 mil 400 vehículos por día; también establece que la inversión para materializar la obra sería de mil 449.5 millones de pesos.
“Así mismo, debe hacerse notar que la tarifa propuesta (de peaje) por la empresa Constructora Teya, S.A de C.V., al resultar ser la más baja de todas las propuestas, dará mayor accesibilidad al uso de la autopista, lo que repercute en beneficio del interés social”.
Esgrimió Ruiz Esparza y su equipo de (diez) colaboradores la tarde del 24 de abril del 2007 a Gilberto Francisco Villegas de La Peninsular, Javier Roa Villafranca de Gutsa y Carlos Manuel Paredes Martínez de Tradeco, representantes de las empresas licitantes que de acuerdo al Acta de Fallo presenciaron la emisión del mismo.
Los funcionarios mexiquenses subrayaron en el documento del Fallo que algunos otros elementos evaluados para inclinarse a favor de Constructora Teya, fue que su proyecto contempla un plazo de dos años para concluir la obra, esto último implicaría que la empresa de Grupo Higa tiene un retraso de seis años y el GEM no ha hecho pública la emisión de alguna sanción o multa por el atraso.
“El plazo ofertado de treinta años, la contraprestación al GEM en especie por la cantidad de 175 millones de pesos y el plazo de ejecución de la obra de 24 meses, se consideran aceptables tomando en cuenta la inversión, los costos futuros de mejoramiento y mantenimiento, así como las proyecciones financieras y operativas de la concesión”, argumento Ruíz Esparza para entregar el proyecto a Constructora Teya.
Las bases de la licitación para otorgar la concesión de la autopista Toluca-Naucalpan se publicaron el 5 de diciembre del 2006 en la Gaceta del Gobierno, así como en los periódicos El Sol de Toluca y El Economista, aunque el 8 de enero del 2007 el GEM emitió una modificación de plazos y términos de la licitación. Cincuenta días después (27 de febrero de 2007) se procedió a dar inicio al Acto de Emisión del Fallo a favor de Constructora Teya.
Derecho de vía en Lerma… “el obstáculo”
Los criterios bajo los cuales la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno del Estado México (GEM) se rigió para poder otorgar la concesión de construcción y administración por 30 años de la autopista Toluca-Naucalpan a la empresa Constructora Teya del Grupo Higa, entre otros fueron, haber demostrado capacidad técnica, financiera, económica y administrativa; así como ofrecer la mejor propuesta (más baja) de construcción, peaje (pago de casetas) y liberación de derecho de vía.
Esta última premisa de acuerdo a miembros del Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra (FPIDMT) del municipio de Lerma, no se cumplió ya que durante los últimos ocho años Constructora Teya, a través de su filial Autopistas de Vanguardia (Autovan), realizó un gran número de maniobras “sucias” para poder convencer a titulares de tierras de cultivo, así como dueños y posesionarios de terrenos comunales, vender su patrimonio para permitir el trazo de la autopista que comunicará a la Zona Metropolitana del Valle de Toluca con la Zona Metropolitana del Valle de México.
“Damos a conocer que no cuentan con un documento que avale su presencia (trabajadores de Constructora Teya) en nuestro territorio ya que hay un juicio de amparo directo (48/2014 acuerdo del primer tribunal colegiado del segundo circuito, correspondiente a la sesión del 2 de mayo del 2014) que sentencia la nulidad de asambleas hechas para “permitir” el paso del proyecto, e invalida el convenio de ocupación previa y todo lo referente a lo relacionado, posteriormente el día 15 de mayo del 2014, cumple la ejecutoria y resuelve el magistrado Jorge J. de Silva Cano del Tribunal Unitario Agrario número nueve con sede en Toluca”, precisaba el FPIDMT a finales del año pasado.
Y añade “enviamos nuestra voz para que ustedes (redes sociales) sean el medio para difundir y dar a conocer la gravedad de hechos que en estos momentos suceden en nuestra comunidad y territorio comunal, en nuestra comunidad nuevamente han iniciado actos de provocación, persecución, hostigamiento e intromisión ilegal a nuestro territorio comunal, ya que irrumpió en nuestra comunidad la empresa constructora denominada Autovan S.A de C.V, constructora dependiente de Constructora Teya”.
Para conectar a ambas zonas metropolitanas de la entidad mexiquense, los operadores del proyecto carretero privado, no sólo han contemplado la edificación de cinta asfáltica en Toluca (una pequeña parte), sino también túneles y puentes en municipios como Lerma, Huixquilucan y Naucalpan.
“Se están realizando trabajos en zonas boscosas de Lerma, Huixquilucan y Naucalpan, pero también en las periferias de comunidades como San Francisco Xochicuautla, Huitzizilapan, La Concha, La Capilla, Xochi, Santa Cruz, La Canaleja, La Cumbre, La Cebada y La Magdalena, esta última es la que colinda con la autopista Champa Lechería a donde va a conectar está nueva pista”, comentó don Sergio “N” “N”, vecino de la comunidad La Cumbre quien se desempeñó en los trabajos de la autopista.
La enérgica postura de los miembros del Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra (FPIDMT), ha obligado en varias ocasiones que los encargados de las obras registradas en la zona montañosa de Lerma, soliciten el resguardo del Gobierno del Estado de México (GEM).
Por lo anterior, en repetidas ocasiones agrupamientos de policías estatales, se han hecho presentes en las comunidades de las zonas altas de Lerma, no sólo para resguardar a los trabajadores de Constructora Teya, sino también a los asistentes de asambleas celebradas por parte de algunos comuneros que están a favor de que se les paguen sus tierras o éstas sean sujetas de un intercambio a otras latitudes.
Postura que indirectamente implica estar a favor del proyecto carretero Toluca-Naucalpan, por lo que la población Xochicuautla y Huitzizilapan está dividida.
“Ante la violación de los derechos fundamentales que el gobierno del estado de México, encabezado por el Gobernador Eruviel Ávila Villegas, y filiales del grupo Higa del empresario Armando Hinojosa Cantú, siguen cometiendo en contra de los pueblos del bosque Otomí-Mexica, las comunidades de Xochicuautla y Huitzizilapan, invitan a los colectivos y personas de buen corazón a acompañarnos el próximo lunes 9 de Febrero en las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para dar su palabra y mostrar a la sociedad la forma en la cual han sido agredidos”, precisa la comunicación del FPIDMT emitida este fin de semana.
La firma del gobernador Eruviel Ávila Villegas
El documento que firmó el mandatario Eruviel Ávila Villegas a través del cual, el 4 de octubre del 2012, se expropiaron 68 polígonos ubicados en ejidos como Santiago Analco, San Nicolás Peralta y San Francisco Xochicuatla, fue otro de los impulsos que el Gobierno del Estado de México (GEM) otorgó al negocio carretero de la empresa Constructora Teya S.A de C.V., que forma parte de Grupo Higa.
“Se encuentra plenamente justificada la causa de utilidad pública de los bienes inmuebles a expropiar, de acuerdo con el dictamen técnico emitido por el Organismo Público Descentralizado denominado Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México, en el cual establece que es necesario ese espacio físico para alojar la obra carretera denominada Toluca-Naucalpan”, precisa en uno de sus apartados el Decreto.
En el apartado 3 y 4 identificado como Causa de Utilidad Pública del Decreto expropiatorio, se establece que la autoridad municipal de Lerma, realizó una indagatoria en sus archivos y logró certificar que “los inmuebles a expropiar no cuentan con registro o antecedente alguno que los identifiquen con algún valor histórico, artístico y/o cultural”.
También añade que ninguno de los polígonos forman parte del dominio público federal, estatal o municipal, es decir hasta antes del momento de la expropiación no tenían dueño.
“El Instituto de la Función Registral del Estado de México rindió el informe por medio del cual hace constar que no fue posible encontrar antecedente registral alguno o nombre del propietario de los inmuebles motivo de la expropiación”, se subraya.
El apartado segundo del Decreto concluye que los espacios expropiados que en conjunto suman 146 mil 256 metros cuadrados, son idóneos para tener una utilidad pública (construcción de la autopista privada Toluca-Naucalpan), por lo que serán otorgados a favor del Organismo Público Descentralizado denominado Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM).
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