“Se debe reconocer que la Ley General de Transparencia y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) pueden ser un poderoso mecanismo de combate a la corrupción”, afirmó Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Al participar en el foro a seis años de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, organizado por el Instituto, Nieto Castillo apuntó que uno de los temas prioritarios para la UIF es la búsqueda e identificación de los beneficiarios finales de la corrupción, para lo cual se debe “asegurar el acceso oportuno a la información y ahí es donde el INAI juega un papel fundamental”, subrayó.
Consideró indispensables las excepciones previstas en la Ley General a la reserva de información cuando ésta se relaciona con violaciones graves a derechos humanos o casos de corrupción; al respecto, destacó la resolución emitida por el Pleno del INAI sobre el caso Odebrecht, en la que se ordenó abrir la averiguación previa en versión pública.
“Hay que reconocer que el INAI hizo una resolución muy importante que terminó clarificando y abriendo, ordenando a la Fiscalía General de la República que se identificara y se hiciera público un esquema de corrupción a nivel internacional”, apuntó.
Santiago Nieto indicó que la resolución del Instituto junto a las denuncias sobre el caso Odebrecht son insumos que se han proporcionado a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), como parte del informe del país respecto a las acciones para combatir el cohecho internacional.
La Comisionada Presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, afirmó que, a partir de la implementación de la Ley General, el acceso a la información no solo se ha consolidado como un deber institucional para fortalecer la calidad de la democracia, mejorar la gobernanza y renovar la legitimidad de las autoridades, también se ha reafirmado como un baluarte para activar la participación ciudadana y mecanismos de control, seguimiento y rendición de cuentas, que coadyuven a inhibir actos de corrupción.
“Hoy contamos con uno de los marcos jurídicos más robustos en todo el mundo, que además de servir como referente para nuestros homólogos en América Latina y otras latitudes, también señaló nuevas rutas para garantizar el ejercicio homologado del derecho a saber en todo el territorio nacional, a través de mecanismos como la Plataforma Nacional de Transparencia, el fortalecimiento de los órganos garantes al dotarlos de autonomía y la integración del Sistema Nacional de Transparencia”, subrayó.
El Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas consideró que las efemérides no sólo representan una oportunidad para recordar hechos o actos significativos, también permiten hacer una valoración de los alcances y pendientes para que las leyes e instituciones alcancen su plenitud y continúen realizando sus funciones en beneficio de la población, en el caso del INAI, garantizar los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.
“La Ley General de Transparencia y Acceso al Información Pública, introdujo dos vías de intervención para el INAI que han sido utilizadas con acierto, una de ellas, la intervención prima facie en casos de violaciones graves a los derechos humanos, que estrenó e hizo valer el Instituto en el caso de a Ayotzinapa; la otra es la intervención para casos de corrupción, en los que podía derrotarse la reserva que en términos ordinarios tienen las investigaciones que llevan a cabo las instituciones que persiguen o investigan delitos”, recordó.
La Comisionada Josefina Román Vergara señaló que, a partir de la reforma constitucional de 2014, el INAI realiza la labor no solamente de transparentar y garantizar el derecho de acceso a la información y a la privacidad, sino también de ser un pilar preventivo en el combate a la corrupción.
“El INAI es una parte esencial de todo el mecanismo para el combate a la corrupción, siempre hemos dicho que la transparencia, el derecho de acceso a la información, ahora los archivos, toda la información de estadística, es ese pilar preventivo de los tres pilares que constituyen la rendición de cuentas del Estado mexicano”, enfatizó, al manifestar la importancia de que SHCP, a través de la UIF, forme parte del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
El Coordinador de Organismos Garantes de las Entidades Federativas y Comisionado Presidente del órgano garante de la Ciudad de México, Julio César Bonilla Gutiérrez, comentó que se trata de una celebración para la institucionalidad, para mencionar y dimensionar cuál ha sido la relevancia de esta reforma en el desarrollo democrático de este país.
“La transparencia ha avanzado y ha dado frutos a la gente; hoy justamente la alianza que representa la transparencia con acciones tan importantes como las que desarrolla la Unidad de Inteligencia Financiera, de combate a la corrupción, me parece que son innegables y están a la vista de todos”, aseveró.
Finalmente, el Comisionado Adrián Alcalá Méndez subrayó que “la Ley General de Transparencia homogeniza el ejercicio del derecho de acceso a la información en todo el territorio nacional”, al respecto, comentó la ponencia del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, quien afirmó que los mecanismos de control son necesarios para evitar las conductas delictivas y enfatizó que la rendición de cuentas es necesaria para combatir la corrupción.
Alcalá Méndez retomó las ideas del ponente, entre las que destacan la referencia a los temas de Ayotzinapa, Pemex Fertilizantes, Odebrecht y la Estafa Maestra, como ejemplos de la relevancia del ejercicio del derecho de acceso a la información en el combate a la corrupción; así como la importancia de la línea de apertura que el INAI ha construido para legitimar este derecho y la colaboración interinstitucional, a fin de allegarse información financiera relacionada con posibles hechos de corrupción.
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