Tras la revelación del ocultamiento de contratos y gastos publicitarios del gobierno mexiquense, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios enviará esta investigación a la Secretaría de la Contraloría, el Órgano Superior de Fiscalización y al Instituto de Acceso a la Información de la entidad para determinar si existen irregularidades.
El 4 de octubre las páginas web de Métrica Digital, Arturo Espinosa y Viceversa Noticias publicaron el reportaje titulado “El gasto publicitario que se esconde en el Edomex”, donde se indica que durante la gestión del gobernador Alfredo del Mazo el gasto del programa Comunicación Pública y Fortalecimiento Informativo ha crecido en 211.2 por ciento.
En dicho rubro se concentraría el gasto publicitario de la entidad, sin embargo, a la fecha el gobierno estatal, vía solicitudes de información pública, niega la existencia de gastos publicitarios.
El citado reportaje también revela el ocultamiento de contratos publicitarios correspondientes a 2018 y 2019, los cuales habían sido publicados en el portal de de Transparencia de la Secretaria estatal de Finanzas.
Destaca que en 2019 la suma de dichos contratos era por 764 millones 710 mil 402 pesos, cantidad que superaba el gasto final reportado en la Cuenta Pública de ese año y que ascendió a 532 millones 157 mil pesos.
Dicho Comité de Participación Ciudadana sesionó el 5 de octubre, reunión a la cual fueron invitados los periodistas Enrique I. Gómez (Métrica Digital), Arturo Espinosa y Marco A. Rodríguez (Viceversa Noticias) con el fin de explicar la referida investigación.
El contenido periodístico también incluyó a nueve de los municipios más poblados de la entidad, donde los gastos publicitarios también se informan de manera dispar, por lo cual el citado comité también notificará de estos hechos a sus respectivos órganos de control.
Posterior a la presentación de los hallazgos de este reportaje, el presidente del citado comité, José Guadalupe Luna Hernández, propuso enviar esta investigación a los órganos de control para que revisen la posible existencia de irregularidades.
En una entrevista previa, Luna Hernández resaltó que derivado del referido reportaje se evidencian montos significativos e injustificables, además de no autorizados por la Legislatura local, destinados a comunicación social.
Además, se adviertan erogaciones que pueden ser contrarias a las restricciones legales sobre la contratación de publicidad.
“Muestran una maquinación, una estrategia, implementada desde el poder para defraudar esos límites legales en el modelo de comunicación y para ocultar a la opinión pública los cuantiosos montos que se destinan (a publicidad gubernamental)” indicó.
Estos aspectos, apuntó, motivarían la estrategia sofisticada para difuminar y disimular el gasto del gobierno estatal enfocada a la comunicación social, con lo cual se ocultan procedimientos de licitación y contratos.
“Si lo primero ya era grave, lo segundo, que es la forma como se materializa la conducta indebida, me parece que es absolutamente reprobable y que es algo que las autoridades de control y de fiscalización deberían de retomar a partir de la investigación de ustedes”, indicó.
Detalló que en la investigación publicada evidencia un esfuerzo serio y sistemático para vencer las trabas institucionales.
“Aparece todo, ejercicio de recursos no autorizados, intento deliberado por tratar de ocultar la forma como se ejercen, incumplimiento con las obligaciones de transparencia, inconsistencia de los servidores públicos que atienden las solicitudes y la desaparición de información que ya consta en registros públicos.
“Todo ello hace sospechar tramas deliberadas de malversación de recursos”, afirmó.
El presidente del Comité de Participación Ciudadana reconoció que a la fecha no existe una regulación sobre la asignación del gasto publicitario, sin embargo, se deben respetar las autorizaciones presupuestales del Congreso local.
Dilatados
A la fecha existen recursos de revisión presentados ante el Instituto de Acceso a la Información de la entidad (Infoem) para conocer la información de los gastos publicitarios del gobierno estatal.
También existe la posibilidad de que este instituto intervenga mediante una denuncia directa o la verificación que realiza cada año.
Sin embargo, el comisionado del Infoem, Gustavo Parra Noriega, reconoció que ante negativas de autoridades, los procedimientos para acceder a los documentos públicos siguen siendo lentos.
“Así es, sí, es un tema que todavía me parece que son desafíos normativos, sobre todo de la propia Ley, que nos permita actuar en procedimientos más expeditos al respecto.
“Son procedimientos que para el ciudadano común seguramente resultan tardados y seguramente no continúan, en muchas ocasiones, la liga procesal completa, pues por lo mismo”, indicó.
Recordó que el tema de las atribuciones del Infoem corresponde al Congreso local, además de las sanciones que pueden instrumentar como órgano garante de la transparencia.
Actualmente, el Infoem sólo puede emitir medidas de apremio a las autoridades que incumplan con la normatividad, pues las sanciones corresponden a los órganos de control de las distintas dependencias.
Cuestionado sobre la recurrencia del gobierno del Estado de México para negar información de gastos publicitarios, lo cual también ha ocurrido en anteriores administraciones, Parra Noriega admitió la constante para tener que litigar este tipo de información.
“Es un tema que todavía (queda) a deber, el tener esta información más disponible, más transparente, más puntual, porque siempre es un tema que suscita ese interés informativo”, indicó.