El miércoles 4 de noviembre del 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó el uso de la mariguana con fines recreativos para un pequeño grupo de personas.
Esta decisión ha abierto para muchos el debate acerca de la posible legalización del uso de la mariguana en nuestro país. México es un país relativamente joven, dinámico, abundante en recursos, con una democracia llena de contradicciones, una sociedad civil cada vez más activa, una élite gubernamental que se resiste a un cambio sustancial y es un país plagado también por la corrupción. ¿Estamos listos para legalizar el uso de la mariguana y aceptar las obligaciones y responsabilidades que de surgen de esta decisión?
México cuenta con la presencia de grupos del crimen organizado cuyo poder y potencialidad económica es idéntica a la de un estado de Estados Unidos. Los cárteles mexicanos generan millones de dólares en el mercado nacional e internacional. La presencia del crimen organizado ha logrado penetrar prácticamente todas las esferas de nuestra sociedad y ha logrado tal refinamiento que en nuestro país ya se cultiva mariguana con la misma calidad de países como Estados Unidos y Holanda, con la única diferencia que aquí se hace de manera ilegal.
Argumentos a favor de la legalización tienden a enfatizar la posible reducción del crimen organizado, el derecho de los ciudadanos de elegir los productos que desean consumir, la posibilidad de recaudar dinero mediante impuestos, así como la eliminación de redes intricadas de corrupción entre el gobierno y las organizaciones criminales.
Argumentos en contra van desde la posibilidad de que se incremente el consumo en sectores de la población relativamente vulnerables, hasta el extremismo de la iglesia al hacer mención que la legalización de la mariguana incuba el embrión de la destrucción de la sociedad.
Al abrir el debate en una cuestión de este tipo se requiere ver más allá de la visión negativa de las drogas. Productos igualmente adictivos han estado a la venta por mucho más tiempo como lo es el caso del tabaco, alcohol, casinos, comida chatarra, etc.
El 100% de los mercados de sustancias ilegales se encuentran en manos de organizaciones criminales transnacionales con poderío económico y delictivo para retar al estado, por lo que la regulación integral de las drogan no es una idea descabellada y una que pueda desecharse tan a la ligera.
Es importante abordar el tema en el plano racional y no en el ético. Las drogas son cada vez más baratas, accesibles y usadas por un gran porcentaje de la población mundial. El mercado sigue en aumento y seguirá favoreciendo a las organizaciones criminales y a los narcotraficantes.
El mercado de las drogas continuará afectando la salud y estimulando la corrupción y la desestabilización de regiones enteras. El problema de las drogas no puede ser eludido más. La prohibición no es la respuesta lógica, pero le ha servido al gobierno para canalizar recursos, modificar su sistema de justicia y legitimar su estrategia de seguridad para enfrentar la amenaza de las drogas.
Así mismo le ha servido a los mercados financieros que cada año lavan billones de ganancias ilícitas, tal es el caso de HSBC en México. La economía criminal es una de las más grandes del mundo. Los grandes bancos americanos y europeos han aceptado lavar millones de dólares del narcotráfico. El sistema internacional ha aceptado ese dinero ilícito que llega en efectivo y beneficiarse del mismo al ser un mercado intenso que trae liquidez económica y que no conoce crisis.
El 20 de diciembre del 2013 Uruguay se convirtió en el primer país de América Latina en legalizar el cultivo, crecimiento, y distribución de la mariguana. Varios estados de Estados Unidos están experimentando con la legalización de las drogas. Ambos países han visto la posibilidad de recaudar impuestos por la venta del producto y acabar con la gran influencia de organizaciones criminales.
Si no se puede controlar la oferta de manera efectiva, la única alternativa es controlar la demanda por medio de un mercado regulado, lícito y que se expanda poco a poco a los distribuidores. La regulación no sólo implica acabar con la prohibición, implica también el establecimiento de controles estrictos a la producción, puntos de venta, acceso y consumo. La legalización también traería una mayor recaudación de impuestos que pueden ser utilizados en programas con mayor impacto social que la guerra contra las drogas.
El abusos de las drogas, al igual que el alcoholismo, tabaquismo, adicción al juego, es un problema social y de salud pública, pero al empujar las drogas a la clandestinidad, como pasó con la prohibición del alcohol en los años 20s, sólo hace que el precio suba al escasear la oferta y fomenta el crimen organizado debido a las enormes ganancias en el mercado negro.
El consumo de drogas en México de hecho no es un problema tan grande como lo es la producción y distribución, comparado con otros países como lo es Estados Unidos y Reino Unido. Sin embargo, por primera vez en 30 años la esperanza de vida de los mexicanos disminuyo debido a la guerra contra las drogas, resultando más dañina la solución que el problema mismo.
México sigue peleando una guerra contra una droga que se legaliza cada vez más. La oposición a la legalización en México está enraizada en la falta de información que tiene la sociedad sobre el tema. México necesita demostrar que tiene la capacidad para determinar su propio destino y tomar decisiones que fortalezcan su seguridad nacional, promuevan su estabilidad política y construyan su cohesión social. Es tiempo que México comience un debate público, serio, amplio e informado sobre la legalización de la mariguana y que se acepte que el crimen organizado es demasiado poderoso para ser vencido por la vía militar.
