Los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias anunciados por la Consejería Jurídica de la Presidencia de México el pasado 27 de julio, como era de esperarse, generó muchas dudas sobre si el verdadero propósito es defender a los consumidores de medios informativos, o bien, censurar periódicos y noticieros de radio y televisión. Un debate serio y profundo obliga a revisar este evento con mucha profundidad y evitar respuestas simples o maniqueas.
Antes, es preciso reconocer dos realidades. La primera es que la historia de México, hasta la fecha, no se caracterizado por garantizar la libertad de expresión. Si bien, a partir de la década de los noventa del siglo pasado, se fueron ampliando los espacios para el ejercicio de este derecho, al punto que en estos días se puede criticar al gobierno y a los gobernantes, sobre todo a nivel nacional, sin consecuencias de orden político.
Empero, persiste el rechazo a la crítica, así como la amenaza desde los ámbitos municipal y estatal como práctica persistente, impulsadas por gobiernos de todos los colores, Pero especialmente por los particulares y los grupos criminales que no solamente promueven la censura, sino que también suelen atentar contra la vida de periodistas que les parecen incómodos.
Otra realidad es que muchos medios televisivos, radiofónicos, de prensa escrita y situados en diversas plataformas digitales, como YouTube o Facebook, son el rostro mediático de partidos políticos o grupos de interés privados que tienen como principal propósito la extorsión o el chantaje hacia los gobiernos. Para tal propósito desvirtúan mensajes, inventan noticias, muestran información vieja y la hacen parecer como reciente para afectar a la autoridad o a políticos en activo, o bien, difunden calumnias e insultos verbales contra funcionarios públicos. Uno de los casos más sonados sobre estas prácticas fue el de Televisa Leaks denunciado por la periodista Carmen Aristegui.
Estas dos realidades es preciso entenderlas, Sin embargo, el problema de fondo es la desconfianza hacia los gobiernos en la aplicación de cualquier norma. Pocos ciudadanos consideran que los gobiernos en México (a nivel nacional, estatal o municipal) son capaces de actuar con justicia, prácticamente en ningún asunto. De hecho, existen muy pocos espacios burocráticos de las oficinas gubernamentales que generen confianza. En este sentido, es probable que la consulta anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum para recibir observaciones sobre los lineamientos propuestos, mejore el modelo de regulación de los medios, pero la desconfianza hacia el gobierno, sin nombre ni apellido, no podrá hacer la diferencia.
Por ello, es importante revisar las mejores prácticas internacionales para garantizar los derechos de las audiencias. De inicio es importante enfatizar que el organismo que regule la conducta de los medios debe ser indudablemente independiente para que tenga autoridad moral y legitimidad frente a medios que tienen como estrategia insultar, descalificar, calumniar y descontextualizar.
Las democracias que suelen considerarse exitosas en la protección de las audiencias comparten una característica fundamental: separan claramente la regulación de contenidos de la intervención política directa y privilegian organismos reguladores independientes.
En el Reino Unido, la autoridad reguladora Ofcom supervisa radio y televisión mediante un código que exige precisión informativa, protección de menores, identificación de publicidad y mecanismos de queja para las audiencias. Sin embargo, Ofcom no determina la línea editorial de los medios; su función es evaluar si se respetaron estándares previamente establecidos. Esto ha permitido combinar altos niveles de libertad de prensa con mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
En Alemania, la regulación se encuentra descentralizada entre entidades regionales independientes. Se protege especialmente el pluralismo mediático, evitando concentraciones excesivas de propiedad y garantizando diversidad de voces. Las audiencias pueden presentar reclamaciones, pero el énfasis está en la transparencia y la diversidad más que en la supervisión del contenido específico.
Canadá también ofrece un modelo relevante. El sistema combina regulación pública con fuertes mecanismos de autorregulación profesional. El Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (CRTC) establece estándares generales, mientras que organismos sectoriales reciben y evalúan quejas del público. La corrección de errores y el derecho de respuesta son herramientas frecuentes.
Los países nórdicos, especialmente Suecia y Finlandia, suelen considerarse referentes porque privilegian la autorregulación periodística. Existen consejos de prensa independientes que reciben denuncias de ciudadanos y pueden emitir resoluciones públicas. Aunque carecen de amplias facultades sancionadoras, sus decisiones tienen gran legitimidad social y reputacional.
La experiencia comparada muestra que los sistemas más exitosos no descansan en determinar qué es verdad desde el poder político. Más bien se enfocan en transparencia, pluralismo, identificación clara de publicidad, corrección de errores, mecanismos de queja accesibles y órganos reguladores independientes del gobierno y de los propios medios. Ese equilibrio permite proteger a las audiencias sin comprometer la libertad de expresión.
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