Las guerras contemporáneas ya no se libran únicamente con ejércitos. Antes de las sanciones económicas, del aislamiento diplomático o de cualquier confrontación militar, suele desplegarse una batalla por el sentido. En ella, los medios de comunicación, los centros de pensamiento y determinadas organizaciones producen los marcos narrativos que permiten convertir a un adversario geopolítico en una amenaza moral para la humanidad. El caso de Xinjiang constituye probablemente uno de los ejemplos más ilustrativos de este fenómeno.
Durante pocos años, la región pasó de ser prácticamente desconocida para la opinión pública occidental a convertirse en el escenario de un supuesto genocidio ampliamente aceptado como verdad incuestionable. Sin embargo, conforme se revisa el origen de muchas de las afirmaciones que sostienen esa narrativa, el consenso comienza a resquebrajarse.
Las cifras de personas internadas fluctúan de manera considerable según la fuente consultada; numerosas fotografías y videos utilizados como prueba fueron posteriormente desmentidos por organismos de verificación independientes al demostrarse que correspondían a otros países, otros acontecimientos o incluso a montajes difundidos en redes sociales. Cuando la evidencia visual necesita ser constantemente corregida, resulta legítimo preguntarse cuánto de la narrativa descansa sobre hechos comprobados y cuánto sobre la repetición de imágenes emocionalmente eficaces.
Más revelador aún es el entramado institucional que impulsó buena parte de estas denuncias. Diversas organizaciones que promovieron campañas internacionales sobre Xinjiang recibieron financiamiento del National Endowment for Democracy, organismo creado por Estados Unidos para promover objetivos alineados con su política exterior. Al mismo tiempo, figuras como Adrian Zenz adquirieron una influencia extraordinaria pese a que sus trabajos han sido objeto de críticas metodológicas y a que buena parte de sus estimaciones proceden de extrapolaciones discutidas incluso por especialistas. En cualquier otra investigación académica, semejantes debilidades obligarían a una revisión rigurosa de las conclusiones; en el caso de Xinjiang, por el contrario, fueron elevadas rápidamente al rango de verdad política.
La paradoja resulta todavía mayor cuando se observa la propia evolución de la política estadounidense. Durante años, Washington reconoció al East Turkestan Islamic Movement como organización terrorista y combatió a militantes uigures en Afganistán. Posteriormente retiró esa designación y, casi de manera simultánea, la situación en Xinjiang comenzó a describirse como un genocidio. Reportes periodísticos revelaron además que dentro del propio Departamento de Estado existían reservas jurídicas sobre la utilización de ese término, pues algunos especialistas consideraban que la evidencia disponible no satisfacía los estrictos requisitos establecidos por la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.
Nada de esto implica sostener que las políticas de seguridad aplicadas por China deban quedar exentas de escrutinio. Toda acción estatal que limite libertades fundamentales merece un examen crítico. Sin embargo, una cosa es discutir la proporcionalidad de las estrategias antiterroristas y otra muy distinta construir una campaña internacional basada en una categoría jurídica cuya aplicación continúa siendo objeto de controversia.
La experiencia histórica obliga a mirar con cautela las narrativas humanitarias producidas por las grandes potencias. Irak fue invadido bajo el argumento de armas de destrucción masiva que nunca aparecieron; otras intervenciones fueron legitimadas mediante campañas mediáticas que posteriormente demostraron contener información falsa o exagerada. Por lo tanto, debemos reconocer que la información constituye un instrumento de poder y que los derechos humanos pueden convertirse en un recurso geopolítico cuando dejan de aplicarse con criterios universales.
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